Unos meses después que el presidente Nayib Bukele comprometió la independencia de la justicia en El Salvador a golpe de giros autoritarios, la Sala de lo Constitucional que él instaló autorizó la noche de este viernes su reelección presidencial inmediata, cruzando una línea que los críticos del proyecto de Nuevas Ideas —el partido del mandatario— habían advertido con preocupación. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) salvadoreño anunció este sábado que acatará la orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de que se permita la inscripción para competir por una reelección presidencial con la única condición de que el presidente en funciones renuncie seis meses antes del mandato.
Así, Bukele apunta a reelegirse en 2024 usando un fallo judicial para consolidar su proyecto político, como hizo Daniel Ortega en Nicaragua en 2011. La diferencia es que el mandatario sandinista alegó que la prohibición constitucional de la reelección “violaba sus derechos humanos” y la justicia de Bukele invocó al pueblo para “que decidan sin presiones o coacciones indebidas”.
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Hasta ahora, y según la Constitución del país, los presidentes de El Salvador, que tienen un mandato de cinco años, no podían renovarlo para un periodo inmediato. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional instalada en mayo pasado por Bukele arrolló el artículo 152 de la Carta Magna que señala que no puede ser candidato a presidente “el que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el periodo inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores del periodo presidencial”.
Aunque la reelección presidencial era algo que se barajaba en El Salvador, tomando en cuenta los zarpazos de Bukele a la justicia destituyendo a través de la Asamblea Nacional a magistrados y recientemente a un tercio de los jueces y fiscales, lo sorpresivo es la celeridad con que el mandatario afianza su proyecto político tildado como autoritario por sus detractores.
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“La Sala de lo Constitucional de El Salvador —que Bukele cooptó en mayo de este año—acaba de permitir que Bukele se presente a una reelección. El mismo libreto que usaron Daniel Ortega y Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras. La democracia en El Salvador está al borde del abismo”, expresó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch.
Vivanco expuso la dualidad del oficialismo trayendo a colación un tuit del vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien en 2020 aseguró “jamás he propuesto ni estaría de acuerdo con la reelección continua en nuestro país”. Ulloa es el designado por Bukele para reformar 196 de los 272 artículos de la actual Carta Magna.
Tras conocerse la autorización de su reelección, hasta la publicación de este artículo, Bukele ha mantenido silencio en su cuenta de Twitter. Sin embargo, algunos de sus funcionarios y diputados del partido oficialista Nuevas Ideas aplaudieron el fallo y alentaron su reelección.
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En el fallo del viernes, los magistrados ordenan al Tribunal Supremo Electoral (TSE) permitir “que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.
De acuerdo con los jueces, dicha interpretación de 2014 sobre la reelección es “errónea” y apuntaron que, a su juicio, la Constitución permite que un ciudadano puede ser presidente por un máximo de 10 años. El 1 de mayo pasado, la Asamblea Legislativa, de amplía mayoría oficialista, cesó a los magistrados constitucionalistas y nombró a cinco abogados para ocupar los cargos. La comunidad internacional criticó esta acción por considerar que era un golpe contra la separación de poderes y la independencia judicial. Las alarmas se han materializado con la reelección, una práctica que en Centroamérica tiene graves consecuencias.
Si bien no es precisamente el caso de la Corte de lo Constitucional, en El Salvador, en agosto pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó una opinión consultiva dejando sentado que la no reelección implica violaciones a los derechos humanos. Y, en general, de la reelección establece: “La interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y protección de los derechos humanos es la base de todo sistema (…) Los principios de la democracia representativa incluyen, además de la periodicidad de las elecciones y el pluralismo político, las obligaciones de evitar que una persona se perpetúe en el poder, y de garantizar la alternancia en el poder y la separación de poderes”.
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Bukele, de 40 años, goza de un elevado nivel de popularidad, lo que le permitió alcanzar la presidencia en 2019 dando el tiro de gracia al bipartidismo representado por Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Tal como lo han hecho otros que se han reelecto, como Ortega en Nicaragua, Bukele ha echado mano a su popularidad y la mayoría en el Parlamento para implosionar la democracia, comparan sus críticos. La justicia ha sido el principal bastión doblado por Bukele para garantizar su continuidad en el poder sin contrapesos.
“Asistimos a pasos agigantados al fin de la República y su sustitución por un clan familiar antidemocrático que utiliza el Estado en su beneficio. Pero para que consigan sus objetivos son necesarios funcionarios y burócratas indignos, oportunistas o corruptos que operen a su favor, y una ciudadanía cegada por la propaganda”, advirtió el periódico digital El Faro en un editorial, tras conocerse la decisión de jubilar automáticamente a un tercio de los jueces y fiscales.
