La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, llevó a la reunión de este jueves del Consejo Fiscal las críticas resucitadas en las últimas semanas sobre su decisión, adoptada hace un año, de dejar fuera de Anticorrupción a Ignacio Stampa, uno de los dos fiscales que abrió la investigación del caso Villarejo. La intención de Delgado era dar ya por zanjado el asunto, pero la reunión ha acabado abriendo una brecha entre el sector conservador de la carrera, representado por la Asociación de Fiscales (a la que pertenecía Stampa hasta hace unos meses) y el progresista, representado por la Unión Progresista de Fiscales (de la que Delgado era miembro mientras fue fiscal en activo).
La fiscal general convocó a la reunión al jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y al jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García. El primero, según las fuentes consultadas, defendió que las plazas que se asignaban requerían un perfil de “prudencia y discreción” en el que, según sugirió, no encajaba Stampa. Luzón, según estas fuentes, fue crítico con la actitud del fiscal apeado de Anticorrupción, al que reprochó un cierto afán de protagonismo mediático. Una nota difundida este jueves por la Fiscalía General señala que esta preferencia por fiscales “serios, discretos, rigurosos y alejados de la polémica” fue también manifestada por varios consejeros, entre ellos alguno de la Asociación de Fiscales, en la sesión del Consejo fiscal en la que se votaron los nombramientos para las ocho plazas a las que aspiraba Stampa. El entonces investigador del caso Villarejo no recibió ninguno de los 80 votos que se emitieron (10 por plaza). No lo votó ninguno de los cuatro miembros de la UPF, pero tampoco ninguno de los cinco de la Asociación de Fiscales, a la que entonces pertenecía.
Frente a las críticas de un sector de la carrera que Delgado apeó a Stampa de Anticorrupción para perjudicar la investigación contra Villarejo, el jefe Anticorrupción sostuvo ante Consejo Fiscal que la tramitación de la causa Tándem ha continuado de manera “eficaz” tras la salida del primer fiscal. En la actualidad, recordó Luzón, se están juzgando en la Audiencia Nacional tres piezas separadas de este procedimiento (piezas Iron, Land y Pintor) y en ellas la Fiscalía solicita más de 100 años de prisión contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez.
En las críticas vertidas en los últimos meses por Stampa contra la Fiscalía general por dejarle fuera del caso, el fiscal acusa a Álvaro García, número dos de Delgado en la Fiscalía, de dilatar el cierre de una investigación abierta contra él por supuestamente filtrar información a Podemos sobre el caso Dina, en el que se investiga el robo del móvil a una antigua asistente de Pablo Iglesias. El jefe de la Secretaría Técnica explicó este jueves al Consejo que “sugirió” al fiscal jefe de Madrid que no se archivara la investigación hasta que se practicaran pruebas que se consideraban “esenciales” y que habían sido solicitadas por el juez de Instrucción, pero rechazó haber maniobrado para perjudicar las opciones de Stampa de conseguir la plaza en Anticorrupción.
Estas explicaciones no convencieron a los miembros de la Asociación de Fiscales (AF), que reclamaron acceder a toda la información sobre el caso. Entre otra, aclarar si el despacho de abogados del exjuez Baltasar Garzón, pareja de Delgado, defiende a alguno de los investigados en el caso Villarejo. La fiscal general rechazó aportar esta información por considerarla “materia reservada”, una decisión que criticó la asociación conservadora en un comunicado difundido por la tarde. “Entendemos que la consideración como reservado y la negativa a comunicar esa documentación al Consejo Fiscal, no ayuda a despejar las dudas creadas y afecta al artículo 23.2 de la Constitución Española que consagra el derecho a ejercer el cargo público sin perturbaciones ilegítimas, por lo que exigimos una respuesta expresa, razonada y no restrictiva, al tratarse una petición imprescindible para el ejercicio de nuestras funciones”, señala el texto.
Esta asociación considera también que Delgado no puede tomar esa decisión ni ninguna otra relacionada con el tema de Stampa, ya que consideran que su relación con Garzón y el hecho de haberse difundido algún encuentro entre ambos y Villarejo antes de que se abriera la investigación obligan a la fiscal general a abstenerse en este asunto. Por ello también debía haberse abstenido, según la AF, en la designación de las plazas en Anticorrupción. Según aseguró este miércoles la Fiscalía ante el Consejo Fiscal, la fiscal jefe de Inspección rechazó esta posibilidad al entender que no existe cobertura legal para que un fiscal general se abstenga de realizar propuestas para los nombramientos discrecionales, cuya designación corresponde, en última instancia, al Consejo de Ministros.
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