El nombre por el que se conoce a la institución, “banco malo”, ofrece una idea bastante clara sobre sus características. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), fundada en 2012, es el gigantesco absceso inmobiliario que dejó la gran recesión de 2008 en el sector financiero español. La Sareb pasará en las próximas semanas a manos del Estado, y con ella una deuda de 34.000 millones de euros. Durante casi una década, casi todo lo que podía salir mal le ha salido mal al banco malo. Pero sus gestores confían en que cuando se extinga la Sareb, en 2027, la deuda final sea bastante menor, en torno a los 10.000 millones.
Esta es la historia de un banco que, por sus peculiares características, nació tullido y ha vivido de forma casi permanente en quiebra técnica. Conviene hacer una advertencia inicial: este periódico ha conversado largamente con los principales protagonistas en la andadura de la Sareb, pero ninguno de ellos ha querido que se publicara su nombre. Esgrimen que la situación es fluida y que la inminente nacionalización —el Estado ha ofrecido un precio de 195 euros por quedarse con el 100% del banco malo—, les aconseja ser discretos. Quizá también pese en la voluntad de anonimato el hecho de que la Sareb resulta incómoda. Es lo que queda de la gran burbuja inmobiliaria, del naufragio de las cajas de ahorros y de una formidable crisis bancaria.
Retrocedamos a 2012. Mariano Rajoy acababa de formar gobierno y la crisis arreciaba. El 18 de enero de ese año, Rajoy y su ministro de Economía, Luis de Guindos, bajo intensas presiones de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, decidieron crear una entidad que absorbiera los activos más tóxicos de las cajas de ahorros para sanear sus balances. Eso fue la Sareb, un banco hecho de basura. Un gran agujero compuesto por unos 200.000 activos, de los que 80% eran créditos a promotores inmobiliarios de muy difícil recuperación y el 20% restante eran inmuebles y solares de muy difícil venta. Para entendernos: urbanizaciones en secarrales, chalés de playa lejísimos de la playa, pisos a medio construir en el quinto pino. Había créditos avalados por activos tan peregrinos como un cementerio o un parque natural. Todo eso se valoró en 50.781 millones de euros.
Ahí surge el primer problema: la basura se pagó muy cara. Fue el Banco de España, basándose en las valoraciones efectuadas por la consultora Oliver Wyman, quien fijó el precio. A diferencia de otros bancos malos, como el irlandés (que liquidó su deuda en 2020), el banco malo español no pudo
elegir con qué se quedaba ni cuánto pagaba. Quienes participaron en el proceso admiten que la tasación fue perjudicial para la Sareb, pero alegan que se buscó un nivel de precios favorable a las entidades que se desprendían de basura inmobiliaria porque de no hacerlo el coste del rescate bancario para el contribuyente (estimado en unos 66.000 millones de euros, sin contar la operación banco malo) habría sido aún mayor.
El ex ministro Luis de Guindos, actual vicepresidente del Banco Central Europeo, ha admitido varias veces que el objetivo fundamental era el de “ganar tiempo” en un momento en que las arcas del Tesoro estaban vacías y existía incluso el riesgo de un desmoronamiento del euro. Otro objetivo fue no sobrecargar la deuda del Estado, por lo que la Sareb se diseñó como una entidad privada: bancos como Santander y CaixaBank, aseguradoras y una eléctrica poseían el 54% del capital, frente al 46% en manos de la sociedad pública Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria o FROB.
Eso era artificioso, porque la Sareb emitió bonos por 50.781 millones de euros y esa deuda fue avalada por el Estado. Se hizo así, argumentan los fundadores, para que la Sareb pudiera acudir al Banco Central Europeo y cobrar de inmediato el importe total. En resumen, el banco malo arrancó con un capital inferior a 5.000 millones y una deuda (avalada en último extremo por el contribuyente) superior a los 50.000 millones. La gran cuestión consistía en cuántos de esos 50.000 millones podrían recuperarse con la venta de los activos casi invendibles.
La Sareb era como un Titanic que zarpaba sabiendo que iba al naufragio; la misión del capitán era salvar al máximo número posible de pasajeros. Varios interlocutores admiten que la comparación podría resultar válida. A este Titanic, que se lanzó al mar en malas condiciones, se le abrió enseguida una vía de agua. La primera presidenta de Sareb, Belén Romana (actualmente consejera del Banco Santander), decidió asegurarse contra una posible subida de los tipos de interés a través de un SWAP o intercambio suscrito con varios bancos privados accionistas del banco malo. Si subían los tipos, perdían los bancos. Si bajaban, perdía la Sareb. Y perdió la Sareb.
Cuando se hizo el SWAP, en agosto de 2013, el tipo mínimo del Banco Central Europeo estaba en el 0,5%. La Sareb aceptó un tipo fijo cercano al 1% anual. Los tipos bajaron a cero. El banco malo, y finalmente el contribuyente, perdió más de 3.000 millones con la operación. “Cualquier subida de los tipos nos habría hecho quebrar al poco de nacer, el SWAP era razonable”, argumenta Francisco González Paz, director de comunicación de la Sareb.
A lo largo de una década, la Sareb ha acumulado pérdidas. Empezaron siendo de 261 millones en 2013 y fueron creciendo. 2020, en parte debido al frenazo de la pandemia, alcanzaron los 1.073 millones. En vistas del agujero, el gobierno tuvo que emitir un decreto que permitía a la Sareb funcionar con capital negativo. En circunstancias normales, un desastre sin paliativos.
Altos directivos de la entidad explican que su estrategia consiste en perder más ahora para ganar más al final del proceso, en 2027. ¿Qué significa eso? Que, a diferencia de otros bancos malos que no eran tan malos como el español, ha optado por no liquidar su cartera con una o varias ventas globales a los llamados “fondos buitre” (lo que supondría asumir una fuerte pérdida, cerrar y olvidarse del problema) y por convertirse, en cambio, en un operador minorista, recuperando por la vía judicial las viviendas y terrenos que respaldaban créditos impagados (lo que implica un gasto anual en abogados, notarios y demás cercano a los 26 millones de euros) y vendiéndolas a particulares. A esta estrategia responde el nombramiento en mayo pasado de Javier García del Río, que ya se había ocupado de asuntos inmobiliarios en el Banco Sabadell, como presidente y consejero delegado de la Sareb.
En 2021, la Sareb vendió 22.284 inmuebles. A largo plazo, dicen los mismos directivos, esto es lo más rentable y lo que más reducirá la deuda, inicialmente de 50.000 millones y ahora cercana a los 34.000.
Hay una variable no despejada. Desde hace varios ejercicios, Sareb ha venido cediendo inmuebles a ayuntamientos y comunidades autónomas para su uso como vivienda social. Hasta ahora son unos 3.000, por los que las entidades públicas pagan un alquiler de entre 75 y 125 euros. El objetivo es por ahora llegar a las 15.000 viviendas cedidas, aunque la próxima nacionalización hace suponer que se dedicará mayor atención a la cuestión social y la cifra aumentará. Esas viviendas seguirán siendo propiedad de Sareb. ¿Qué ocurrirá con ellas en 2027, cuando el banco malo rinda cuentas y baje la persiana? Está por ver.
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