Los impuestos, en especial los de las grandes empresas, bloquean de momento la negociación sobre los Presupuestos entre el PSOE y Unidas Podemos. Los socios de la coalición necesitan cerrar primero las Cuentas entre ellos para después negociar con sus aliados. Unidas Podemos exige que esos Presupuestos lleven incorporado un mínimo del 15% de tipo efectivo del impuesto de sociedades, algo que afecta sobre todo a las grandes empresas, porque las pequeñas, que tienen más dificultades para buscar exenciones, ya pagan tipos superiores. El PSOE quiere retrasar un año más la aplicación de esta reforma, que se pactó en 2018 y se ha pospuesto por la pandemia.
Unidas Podemos ha aumentado la presión, con Ione Belarra y Yolanda Díaz lanzando mensajes en este sentido, y desde Nueva York Pedro Sánchez no ha cerrado completamente la puerta a esa idea, al contrario que en otras ocasiones. Sánchez ha asegurado que habrá Presupuestos “en tiempo y forma”, esto es según La Moncloa, en dos semanas. Pero ha insistido en respuesta a dos preguntas específicas sobre ese mínimo del 15% en que tienen que ser unas Cuentas que marquen “una recuperación justa”, lo que deja abierta la negociación.
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Fuentes del sector socialista y de Unidas Podemos señalan que la negociación está bloqueada en este asunto, pero todo está muy abierto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negocia con Nacho Álvarez con este 15% encima de la mesa como gran hito, pero hay muchos otros asuntos pendientes.
La coalición viene de acordar un gran giro progresista en el asunto de la luz, con una clara intervención en el mercado. El mínimo del 15% sería otro gesto en esta línea, aunque buena parte del sector socialista del Ejecutivo es partidario de dejar esta reforma para 2023, cuando la recuperación se consolide, o incluso para la siguiente legislatura.
Unidas Podemos ha hecho una apuesta muy fuerte por la coalición y no parece haber alternativa de momento a seguir en el Gobierno, pero sus expectativas electorales han ido en descenso desde que entró al Ejecutivo y necesita justificar ante su electorado con medidas de impacto la utilidad de su permanencia en la coalición.
El acuerdo de la luz fue un acicate importante, pero ahora buscan más. Desde el otro lado, el PSOE está aprobando también medidas progresistas que le conectan con su electorado natural, pero es más sensible a los compromisos con Bruselas y huye de la imagen de Gobierno izquierdista que sube impuestos que quiere instalar la oposición. En el equilibrio entre estas dos posiciones estará el acuerdo, que la mayoría de los consultados creen que llegará aunque ahora las posiciones están lejos.
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Otro asunto en el que Unidas Podemos redobla la presión en este contexto de medidas progresistas es la ley de la vivienda, que lleva casi un año de retraso. Este mismo jueves está prevista una reunión de varios grupos parlamentarios, entre los que se encuentra el propio Unidas Podemos, ERC o EH Bildu con sindicatos y colectivos por la vivienda, como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que entregarán su propuesta para una futura ley. El PSOE no tenía constancia de ella, según las fuentes consultadas.
El socio minoritario de la coalición coquetea así con la idea de avalar una ley de vivienda alternativa mientras la del Gobierno no termina de acordarse. Precisamente Pablo Iglesias desbloqueó el año pasado la negociación de Presupuestos cuando pactó con Sánchez un compromiso para que en cuatro meses estuviese lista una regulación que limitaría los precios del alquiler. Un año después sigue negociándose. “No podemos hablar de recuperación justa si no solventamos uno de los principales problemas de nuestro país. Se llama vivienda. Hay un montón de personas que no puede pagar el arrendamiento”, afirmó la vicepresidenta segunda por la tarde.
El Gobierno acaba de cerrar después de semanas de tensiones la subida del salario mínimo de 15 euros al mes, pero aún tiene por delante negociaciones muy complejas como la reforma laboral.
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Díaz y Belarra dejaron clara esa distancia. La ministra de Derechos Sociales aseguró que es “imprescindible” la subida del impuesto de sociedades a las grandes empresas. La propuesta pasa por fijar un tipo mínimo del 15%, una medida acordada en julio por 130 países en el marco de la OCDE, cuyos detalles técnicos aún no están cerrados, y para la que Podemos cree que existe el consenso suficiente.
“Ahora mismo tenemos una situación en nuestro país que es prácticamente inconstitucional. Hay grandes corporaciones que pagan cero euros de impuesto de sociedades, mientras que los ciudadanos contribuyen con un IRPF del 15% de media. Es evidente que eso no cumple con los articulados de la Constitución, que dice que los impuestos tienen que ser progresivos y justos”, aseguró Belarra en TVE. Díaz compartió diagnóstico horas después: “A día de hoy estamos distantes”.
Mientras, desde Nueva York, Sánchez fue mucho más optimista. “Les puedo garantizar que va a haber Presupuestos y los presentaremos en tiempo y forma. Cuando se conozcan verán lo que contiene”, aseguró en una rueda de prensa antes de participar en la asamblea general de la ONU. Cuando le insistieron con el 15% que reclama Unidas Podemos, remató: “Mi posición es que haya Presupuestos y que vayan a una recuperación lo más justa posible que llegue a todos”. “Todo este contexto de recuperación económica obliga a todos los actores políticos a aprobar unos Presupuestos si queremos que sea justa”, insistió. Fuentes del Gobierno asumen que se trata de tensiones negociadoras habituales, pero al final habrá un acuerdo también sobre ese mínimo del 15%, aunque no está claro si será para 2022 como quiere Unidas Podemos, o para 2023 o más adelante.
Calviño no es partidaria de subir impuestos ahora
Mientras, la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, dejó claro de nuevo este miércoles que ella no es partidaria de tocar los impuestos este año, y cree que es mejor retrasar las grandes medidas de la reforma fiscal hasta que se consolide la recuperación y el grupo de expertos presente su informe, aunque defendió que pueden incorporarse “ajustes” en el futuro Presupuesto de 2022.
Entretanto, el Gobierno constató en el carrusel de reuniones del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, con seis grupos parlamentarios que la aprobación de las Cuentas dependerá de los aliados del año pasado. Y cada uno, a su manera, transmite desde hace semanas que su voto no está garantizado. “Nadie debe dar por seguro nuestro voto afirmativo ni nuestra abstención”, advirtió, Ferran Bel, portavoz del PDeCAT.
El PNV, que negocia a su manera, en solitario y discretamente, restó cualquier trascendencia al encuentro del miércoles. Fuentes del Gobierno reconocieron que EH Bildu fue de los más reivindicativos. Ciudadanos, que entró en las negociaciones del año pasado, esta vez ni siquiera se sentará a negociar. “No queremos servir para blanquear los acuerdos que ya tienen con Esquerra y Bildu”, dijo su portavoz, Edmundo Bal.
Tampoco Junts va a entrar en la negociación mientras el Gobierno no retire el proyecto de ley audiovisual que los nacionalistas consideran que discrimina a las lenguas cooficiales. “Nosotros no damos cheques en blanco”, señaló su portavoz, Míriam Nogueras, que volvió a reclamar una negociación conjunta de todos los independentistas catalanes porque “por separado solo se consiguen migajas”. La promesa del Gobierno de presentar en noviembre una propuesta para reformar el sistema de financiación contentó, por su parte, a Compromís. Su portavoz, Joan Baldoví, reclama avances en esta cuestión desde hace meses y ya advirtió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que de seguir así el Ejecutivo perdería su voto.
Con información de Xosé Hermida y José Marcos.
El reto de reformar la fiscalidad global
El tipo legal del impuesto de sociedades en España es del 25% —el 30% para petroleras y bancos—, pero esto no significa que las empresas finalmente paguen ese porcentaje. Según el último Informe Anual de Recaudación de la Agencia Tributaria, el tipo efectivo pagado sobre beneficios en 2020 fue de tan solo el 8,3%. Y ha bajado a un ritmo vertiginoso en los últimos años: desde 1995 ha caído 11 puntos, un desplome reflejo de la globalización y la internacionalización empresarial.
En esta ratio, que las compañías no consideran el método más ortodoxo para calcular cuánto pagan de impuesto, se incluyen los dividendos recibidos por las filiales en el exterior, que ya tributan en los países donde operan al tipo ahí establecido, aunque en algunos casos sea inferior al español.
Crear un suelo mínimo permitiría que el tipo legal del impuesto y el efectivo no estén tan alejados, al obligar a las empresas a abonar la diferencia entre lo que pagan en los países con menor tributación y el suelo mínimo que se fije. La OCDE y el G-20 llevan años trabajando para reformar la fiscalidad global, y en julio lograron un acuerdo entre más de 130 países para fijar un tipo mínimo de al menos el 15% para las multinacionales, cuyos detalles técnicos se espera conocer en octubre. / LAURA DELLE FEMMINE
