Todos los precios suben para todos. Esta afirmación es una obviedad desde febrero de 2022, cuando se declaró la guerra de Ucrania. Sin embargo, hay subidas que afectan más que otras, como son los precios de los alimentos básicos. Los llamados productos de primera necesidad han tenido aumentos en España que incluso superan el 40%.
Productos como la harina, la mantequilla o el azúcar, alcanzaron en octubre aumentos del 37,8%, 34,1% o el 43% interanual respectivamente. La lógica de la inflación en estos productos parece sencilla: si aumentan los precios de la energía, aumentarán los costes de producción y distribución, que se sumarán así a los productos de consumo. Por tanto, la solución debería ser simple: si bajan los precios de la energía, empresa para la que España se ha gastado más de 35.000 millones de euros, todo lo demás se abaratará.
El Banco Mundial (BM) advierte de que, al menos durante unos años, este no será el caso. En declaraciones a este diario, representantes de la entidad aseguran que “mientras que los precios de la energía sean altos y al alza, la comida y la nutrición peligrarán aún más”.
Aunque la institución prevé que los precios de la energía disminuyan un 11% en 2023 y otro 12% en 2024, seguirán por encima de sus niveles preguerra. En concreto, el organismo internacional estima que seguirán siendo un 50% más altos que la media de 5 años hasta 2025.
Los efectos de la inflación alimentaria en España se hacen notar. Al moderarse gran parte de los costes energéticos, el grupo de los alimentos es el principal factor inflacionista en el IPC y está siendo decisivo a la hora de fijar la resistencia para que los precios se moderen.
Los efectos se notan en el bolsillo de los españoles. CaixaBank Research aseguró en su último informe mensual que los gastos con tarjeta en septiembre se han desacelerado hasta el 7% en septiembre. Ante el aumento de los precios de los productos básicos, el gasto de las familias ha aumentado un 18%, en términos interanuales.
Los alimentos, ¿a la baja?
El comercio mundial se encuentra en parte bloqueado. Rusia y Bielorrusia, ahora sancionadas por la UE, son piezas fundamentales para la producción de fertilizantes, ya que suman el 40% del potasio comercializado en el mundo, mientras que solo Rusia es responsable del 25% del comercio global de nitrógeno.
Aquellos que sí salen al mercado internacional, antes deben pasar por una zona de guerra y con restricciones a las exportaciones, por el Mar Negro. Todos estos elementos solo pueden significar una cosa: productos más caros.
El profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide, Manuel Hidalgo, afirma que las restricciones limitan la oferta y estiran todos los precios, sobre todo algunos fundamentales para la producción agrícola, como los fertilizantes y los combustibles.
La situación de la guerra es fundamental para la evolución de los precios. La industria de los fertilizantes es electro-intensiva y la patronal Fertilizers Europe ya alertó en agosto de que la capacidad de producción europea se ha reducido más del 70% debido a los precios récord del gas natural, que supone el 90% de los costes variables de esa producción, lo que impide a los fabricantes competir en el mercado.
Para Hidalgo, los precios altos se “estabilizarán en algunos productos”, aunque aclara que también hay otros factores que pueden provocar lo contrario: “La producción de alimentos en otras partes del globo se están incrementando, el precio del crudo se moderó bastante, lo mismo con el del gas y, si llueve y no tenemos sequía, tendremos una fase de reducción de precios. Que los productos bajen a niveles de hace un año es improbable”.
Pese a todo lo anterior, las previsiones de costes del Banco Mundial van a la baja, aunque con matices. En 2022 el precio de los alimentos crecerá un 18%, una subida que bajará un 6% en 2023 y que, en previsiones del Banco, se estabilizarán en 2024. Sin embargo, advierte de que el equilibrio es precario y hay muchos factores que pueden alterar las previsiones.
Por ejemplo, futuras interrupciones de las exportaciones de Rusia o Ucrania y nuevos aumentos de los precios de la energía, que podrían presionar al alza sobre los precios de los cereales y del aceite.
El Banco Mundial concluye que, si los precios de la energía y los fertilizantes no se moderan en 2023 y 2024, como se espera, los precios de los alimentos podrían aumentar “notablemente”. Todo esto sin tener en cuenta factores naturales que influyen negativamente en los precios, como malas cosechas, temporales, sequía, etc.
Pero no es solo España. Casi el 87% de los países de rentas altas experimentan niveles elevados de inflación alimentaria.
En términos reales, la inflación de los precios de los alimentos superó la inflación general en el 90% de los 156 países que estima el Banco Mundial (ver mapa de calor). Aunque solo hay un país europeo en la lista de los 10 estados con mayor inflación alimentaria (Hungría) por lo que, seguramente, la inseguridad alimentaria severa no afectará de manera directa a los casi 450 millones de habitantes de la Unión Europea.
Sin embargo, en el planeta, que sumó la semana pasada 8.000 millones de habitantes, las cosas no son como en los países desarrollado.
Los alimentos subieron un 2,3% en octubre, pero arrojan un fuerte incremento del 15,4% en términos interanuales, el nivel máximo desde enero de 1994. El Banco Mundial asegura que, desagregando la subida de la inflación general, el precio de la alimentación ha crecido un 2,7% en términos reales. Es decir, dejando de lado los incrementos de otros productos, la comida ha crecido por sí sola un 2,7%.
Los tipos de interés también afectan a lo que comemos
Riesgos. La inflación y el aumento de los tipos de interés también pueden crear riesgos inflacionistas. El Banco Mundial asegura que estas políticas ejercen una presión al alza sobre el coste de la mano de obra y de los materiales utilizados para producir, almacenar y transportar los productos básicos. A medida que los bancos centrales responden a la inflación alta aumentando los tipos de interés, el coste de los préstamos mundiales aumentará, limitando la inversión en producción de productos básicos agrícolas y cadenas de suministro mundiales.
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