Entre marzo y septiembre de 2020 más de 40 millones de trabajadores en la Unión Europea (3,4 millones en España) se beneficiaron en algún momento de ayudas públicas para el mantenimiento del empleo, en riesgo por la pandemia mundial de Covid-19. En otras palabras, dos de cada diez empleados vieron su empleo temporalmente suspendido y recibieron parte de sus salarios del Estado. En el otro lado, más de cuatro millones de empresas (medio millón en España) recibieron estas mismas ayudas públicas.
El coste para los Estados y para la Comisión Europea de este sostenimiento del empleo se elevó a más de 100.000 millones de euros, según las cifras oficiales sobre el impacto de la pandemia en los mercados laborales comunitarios recopilado en el anuario Vivir y trabajar en Europa 2021 de Eurofound, el organismo comunitario que reúne a empresarios, sindicatos y la Comisión Europea para monitorizar y analizar la marcha de las políticas sociolaborales en la UE. Según estas cifras, “la financiación de estas ayudas fue ocho veces mayor que los 12.300 millones de euros que la Comisión Europea calculó que se gastaron en estas medidas en el momento álgido de la crisis financiera en 2009”, cuando apenas había 1,8 millones de trabajadores protegidos, indica este organismo.
Ante la evidencia del éxito de los ERTE, de no haber sido por esta herramienta, ¿cuál habría sido el impacto en el mercado laboral? Esa es la pregunta que se han hecho los economistas de Eurofound y la respuesta ha sido, para empezar, que la tasa de paro comunitaria habría sido más alta en casi un 70% ya que habría escalado desde el 6,8% que se registró a finales de 2020 hasta el 11,5%. Pero, además, “las disparidades entre los Estados miembros se habrían ampliado y las tasas de desempleo de los países comunitarios habrían divergido en lugar de converger”.
En esta ampliación de la brecha de las tasas de paro España habría sido, con diferencia, el Estado peor parado. Actualmente, la tasa española de desempleo ya duplica a la media de la UE, pero si las empresas no hubieran recurrido a los ERTE el desempleo español habría casi triplicado la tasa europea, ya que en lugar del máximo alcanzado en pandemia del 16,26% en el tercer trimestre de 2020, la tasa de paro habría subido hasta el 30%, según las estimaciones de Eurofound.
Junto a España, Bélgica y Bulgaria fueron los otros países comunitarios donde el uso de ayudas públicas para sostener el empleo impidió fuertes incrementos de sus tasas de paro de entre 11 y 13 puntos porcentuales entre la tasa de paro real y la estimada por Eurofound si se hubiera recurrido a los ERTE. De hecho, España fue, después de Chipre, Columna Digital europeo que más porcentaje de trabajadores llegó a tener en ERTE (el 20,6% de sus ocupados).
Pese a todo, en 2020 se destruyeron 11 millones de empleos temporales en la UE (un millón en España), lo que representó el 85% del recorte de puestos de trabajo en el año de la pandemia. Desde este organismo comunitario se lamentan porque “a pesar de que los sistemas de protección por desempleo se ampliaron para incluir a los trabajadores temporales, esto no fue suficiente para compensar la vulnerabilidad de los eventuales frente a los indefinidos”.
Esta destrucción de empleo no solo se enmarca en la situación de crisis pandémica, ya que en 2020 hubo sectores que pudieron teletrabajar casi plenamente y que, sin embargo, por estar inmersos en procesos internos de reconversión anunciaron mayores recortes en 2019 que en 2020. Eso es lo que le ocurrió, según estas cifras, al sector financiero que antes de la crisis sanitaria recortó un 18% de su empleo en la UE frente al 8% de 2020. Lo mismo experimentó el comercio minorista, que se desprendió del 12% de los empleos en 2019 y del 9% (ver gráfico).
No obstante, y a pesar del éxito de estas ayudas, el anuario de este organismo, actualizado en parte en abril de 2022, destaca que el grado de satisfacción de la ciudadanía con las medidas de apoyo para afrontar la crisis “se ha reducido drásticamente, y solo el 12% tiene ahora la sensación de que las medidas de apoyo son justas, frente al 22% del verano de 2020.
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