”Es una situación complicada, porque quieres hacer actividades, inversiones y no puedes. Somos un club deportivo con más de 2.000 socios. Y en verano tuvimos y 2.200 inscritos en las actividades. La regatista Sílvia Mas, que participó en los Juegos Olímpicos de Tokio, se formó en nuestro club”. Habla Jesús Majem, el presidente del Club Nàutic Vilassar de Mar.
Con más de 60 años de antigüedad y 3.000 metros de instalaciones en la playa, sobre la entidad pesa la incertidumbre. Su concesión, que han pedido ampliar, “está vencida pero no caducada”, explica Majem. Y en cualquier momento podría llegarles la notificación del derribo de las instalaciones por parte de la Generalitat, como ocurre con otra decena de clubes náuticos de la costa catalana. El ministerio de Transición Ecológica aclara que hay instalaciones afectadas, pero que “no hay ninguna demolición inminente”.
Cataluña tiene competencias en gestión del litoral, aunque sobre la base leyes de ámbito estatal: Ley de costas y Reglamento de Costas, explica el director general de Política de Montaña y Litoral de la Generalitat, Albert Alins. De ahí que sea el Govern quien ha notificado a una decena de clubes el derribo por ocupación de dominio público en playas, adelantó ayer La Vanguardia. Fuentes del ministerio precisan que en la costa de Barcelona hay varios clubes que ocupan el dominio público marítimo-terrestre sin título (algunos desde hace más de 20 años). Por ello, Gobierno y Generalitat han iniciado la regularización de estas situaciones cuando finalicen las concesiones, señalan las mismas fuentes. Pero no será posible en todos los casos, por lo que “se deberán demoler las instalaciones que ocupan el dominio público marítimo-terrestre sin el debido título que las ampare”. En cualquier caso, insisten, “no hay ninguna demolición inminente prevista”.
El director general de la Generalitat precisa que entre los clubes afectados (la mayoría de vela) hay situaciones variadas: mayor ocupación respecto a la concesión original, actividad que no corresponde a la original… La Ley permite una ocupación máxima de 300 metros, pero algunos, como el de Vilassar, miden hasta 3.000.
“Creemos que la Ley es injusta porque como equipamientos de interés público, con una labor deportiva y preexistentes, se les debe dar un trato especial”, entiende Alins. En 2019 los clubes pidieron ampliar a 700 metros los permitidos. “Pero no hay respuesta”, indica. Los afectados, clubes de Badalona, Castelldefels, Sitges o Torredembarra, han presentado recursos. El de Cabrera fue demolido a comienzos de este año.
El director también recuerda que en el Senado y el Congreso hubo propuestas de partidos catalanes para hacer las modificaciones: “No nos consta respuesta”. Hace dos años, el Govern llegó a adherirse a una manifestación celebrada en Barcelona hace dos años, señala. </CW>
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