El Qatargate, el escándalo de presuntos sobornos a altos responsables del Parlamento Europeo, exeurodiputados y lobistas, empezó a gestarse en 2018, cuando el principal sospechoso de la trama, el antiguo eurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, todavía ocupaba su escaño en Bruselas. Además, el escándalo que ha sacudido profundamente a las instituciones europeas no se limita a Qatar y Marruecos. Otro de los principales inculpados por corrupción, blanqueo de dinero y participación en organización criminal, el asistente parlamentario Francesco Giorgi, ha apuntado durante los interrogatorios, según el diario belga Le Soir, a al menos un tercer país como origen de los pagos: Mauritania.
Los interrogatorios a los principales acusados, cuatro hasta la fecha —además de Panzeri y Giorgi, están imputados y en detención preventiva la exvicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili, pareja de Giorgi, y el exdirector de una ONG italiana, Niccolo Figa-Talamanca—, están revelando toda una red de sobornos para influir en las decisiones de Bruselas que era más antigua de lo que se creía hasta ahora y que podría seguir salpicando a más países conforme avancen las investigaciones, en manos de la justicia belga.
Según Giorgi, al parecer el que más información está proporcionando a las autoridades belgas, la idea de trabajar a favor de Qatar comenzó a gestarse en 2018, cuando Panzeri, eurodiputado socialista italiano desde 2004 hasta 2019, presidía la subcomisión de derechos humanos del Parlamento Europeo. La idea habría venido, siempre según los documentos a los que ha tenido acceso Le Soir, del antiguo presidente del Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar y hoy ministro de Trabajo de ese país, Ali bin Samikh al Marri.
El nombre de este ministro suena mucho en Bruselas: fue el orador principal en la audiencia sobre los derechos laborales en Qatar en relación con el Mundial de fútbol que se celebró la Eurocámara el pasado 14 de noviembre y que fue denunciada por varios de los asistentes como un “blanqueo” a favor de Doha. La actual presidenta del subcomité, la socialista belga Marie Arena, mantenía una fuerte relación con Panzeri y su nombre ha salido reiteradamente durante la investigación del Qatargate, aunque por el momento no pesa ninguna acusación formal sobre ella. Otro de los eurodiputados que también hablaron a favor de Qatar en dicha sesión, el también socialista belga Marc Tarabella, figura igualmente en el círculo de sospechosos y la policía registró su domicilio en busca de pruebas al comienzo de la operación. Ambos han sido apartados de sus funciones en el seno del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) presidido por la española Iratxe García y muy afectado por el Qatargate, ya que la mayoría de los imputados o sospechosos de tener algún vínculo con el escándalo pertenecían a la familia progresista europea.
Los planes de Panzeri empezaron a ponerse en marcha poco después de esos primeros contactos. “A comienzos de 2019, comenzó la cooperación. Definimos las cantidades, de las que me cuesta acordarme, para nuestras intervenciones respectivas. Era dinero en efectivo”, habría confesado el asistente parlamentario. Giorgi también ha reconocido ya ser el responsable de gestionar los cobros que recibieron los implicados por sus labores para influir “en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo”, como ha dicho la Fiscalía federal belga desde que comenzó el 9 de diciembre la operación de detenciones y registros que llevaron a la incautación de 1,5 millones de euros y el arresto de seis personas, de las que cuatro permanecen en detención preventiva.
Las afirmaciones de Giorgi chocan con las de Panzeri, quien habría asegurado al juez de instrucción que el acuerdo con Qatar comenzó en octubre o noviembre de 2019, cuando ya no era eurodiputado. También fue después de abandonar su escaño en Bruselas cuando, según sus declaraciones, comenzó a trabajar para Marruecos. El acuerdo, según Panzeri, era “trabajar para evitar resoluciones contra Columna Digital y, a cambio, recibir 50.000 euros”. Según Le Soir, el exeurodiputado habría confirmado que uno de los intermediarios del acuerdo es el actual embajador de Rabat en Polonia, Abderrahim Atmoun. El diplomático tiene una larga carrera en Bruselas, donde copresidió la Comisión Parlamentaria Mixta de Marruecos y la UE entre 2011 y 2019. Existen múltiples fotografías de Atmoun junto con Panzeri y Giorgi de esa época, en la que el marroquí se movía fluidamente por los pasillos del Parlamento Europeo.
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Además de buscar influir en las decisiones europeas sobre Qatar y Marruecos, la trama dirigida por Panzeri habría aceptado también trabajar a favor de Mauritania. “Tienen un problema de imagen y contrataron a Panzeri para ver qué hacían”, explicó Giorgi a las autoridades belgas, según ese diario. A cambio, Panzeri habría recibido “25.000 euros en efectivo”, asegura el antiguo asistente parlamentario, que ha confesado que, por su parte, como retribución pudo alquilar un apartamento suyo en Bruselas al embajador de Mauritania.
Mientras, en declaraciones al Financial Times, el ministro de Justicia belga, Vincent Van Quickenborne, afirmó que la escala de la trama de sobornos del Qatargate resulta excepcional.
“Conocemos casos de interferencia por parte de actores estatales que intentan influir en nuestro sistema democrático. También por el crimen organizado”, dijo Van Quickenborne, quien se encuentra de nuevo bajo protección especial policial por presuntas amenazas de las potentes mafias del narcotráfico en Bélgica. “Pero sobornar a miembros de un Parlamento, especialmente del Parlamento Europeo, es algo bastante singular para nuestro servicio de inteligencia civil”, reconoció.
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