El 25 de marzo de 2026, México aprobó una Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Su nomenclatura amplia es igual de contradictoria en su esencia. El gobierno busca atraer al sector privado para construir carreteras, trenes, plantas de agua y parques industriales, utilizando vehículos de propósito específico y contratos a largo plazo. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda mantiene un control absoluto, con poder de veto sobre cada peso y cada proyecto, dejando la sensación de que se abre la puerta a los inversionistas, pero con una llave bien asegurada desde dentro.
El contexto económico es crucial. Según INEGI, la economía mexicana creció apenas un 1.5% en 2024 y se prevé un modesto 0.8% en 2025, reflejando cuatro años de desaceleración. En el tercer trimestre del año anterior, la inversión fija bruta cayó un alarmante 4.9%. El fenómeno del nearshoring, que prometía ser un catalizador en la era post-pandemia, enfrenta obstáculos significativos como la inseguridad, la escasez de agua y la incertidumbre regulatoria. Ante este panorama, México requiere urgentemente señales claras que atraigan capital privado. No obstante, cada intento de apertura se ve empañado por decisiones que contrarrestan esa intención.
Un ejemplo reciente es la autorización del fracking, después de años de prohibiciones. Este cambio se ha impulsado por la necesidad de estimular la producción de un Pemex en declive. Es un giro pragmático que dista de la narrativa original de López Obrador, quien durante su administración había enfatizado que México podía prescindir del capital privado y de técnicas extractivas del norte. La autorización por parte de Sheinbaum ocurrió sin el habitual discurso ideológico. Sin embargo, en el mismo periodo, la generación eléctrica privada continúa restringida por reformas constitucionales que favorecen a la CFE, limitando la competencia de energías renovables como la solar y eólica. Los contratos que ofrecían certeza a la industria fueron cancelados, dejando un vacío en el mercado energético. Esta situación no se debe a razones técnicas, sino a principios doctrinarios que perduran.
El enfoque de Sheinbaum podría describirse como un dualismo. Una parte de su gobierno comprende que sin inversión, no hay creación de empleos, y sin empleos, no hay popularidad ni futuro político. Pero otra parte sostiene que el Estado debe tener el control, subestimando el papel del mercado y la negociación de la soberanía energética. Este equilibrio resulta en políticas económicas que abren y cierran puertas simultáneamente, promoviendo la inversión con una mano y regulando con la otra. La nueva ley de infraestructura simboliza perfectamente esta tensión: reconoce la necesidad de capital privado, pero lo subordina constantemente al control del Estado.
Puede que esta ley genere utilidad si sus reglas secundarias, aún por definir por la SHCP, proporcionan certezas reales a los inversionistas. Sin embargo, si se convierte en otro marco institucional sin la autonomía técnica necesaria, sin un árbitro independiente y sin garantías ante posibles cambios en las reglas, será solo un documento más que refleje buenas intenciones. La historia reciente de México está repleta de marcos jurídicos diseñados para atraer inversión que, sin embargo, no cumplen su propósito.
México anhela crecer. Por su parte, el gobierno parece temer las implicaciones de ese crecimiento.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
