La Unión Europea ha iniciado la búsqueda de fórmulas para sortear el uso continuo, y en su opinión injustificado, del derecho de veto en la política exterior común por parte de Hungría. El gobierno de Viktor Orbán ha tomado como rehén esa política, sobre todo desde que su partido, Fidesz, se vio forzado a abandonar el grupo popular europeo. Budapest veta sistemáticamente la aprobación de cualquier iniciativa del Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, lo que impide a la Unión pronunciarse de manera unánime sobre temas candentes como la violencia en Gaza o la vulneración de libertades fundamentales en Hong Kong. Alemania, el mayor socio de la Unión, encabeza a los partidarios de orillar al Gobierno de Orbán, aunque todas las fuentes consultadas reconocen que no será fácil.
Ese acuerdo tácito de cooperación entre los ministros europeos de Exteriores ha saltado por los aires en las últimas semanas por el obstruccionismo de Hungría. Budapest ha obstaculizado desde la aprobación de conclusiones sobre China, Gaza o Líbano a la aplicación de sanciones a Bielorrusia o la ratificación de un nuevo acuerdo de comercio y desarrollo con un grupo de países de África, Caribe y Pacífico.
La coordinación de la política exterior europea siempre ha resultado extremadamente compleja porque el Tratado de la Unión contempla de manera generalizada el uso de la unanimidad. Los 27 Gobiernos han desarrollado, además, una cultura de consenso y respeto mutuo para no inmiscuirse en un área tan sensible para la soberanía nacional como la política exterior. Pero ese sistema de unanimidad, apunta una fuente diplomática, “solo funciona si todos los países juegan de manera constructiva y sin tomar ciertos expedientes como rehenes por motivos totalmente ajenos a la política exterior”.
