Un impuesto mínimo europeo a las multinacionales está cada vez más cerca: tras meses de tira y afloja, los Veintisiete han llegado finalmente a un acuerdo. La clave está en el cambio de postura de Hungría, que ha levantado su veto y ha desbloqueado la situación en el Consejo de la UE. A cambio, obtendrá un castigo más suave por violar el Estado de derecho. Este consenso político se deberá ahora adoptar formalmente mediante el procedimiento escrito, pero el escollo más difícil, conseguir la unanimidad que exigen los asuntos fiscales, está superado. Los Estados miembros tendrán que implementar las nuevas normas antes del 31 de diciembre de 2023.
“La Comisión [Europea] acoge con satisfacción el acuerdo unánime anunciado anoche por la presidencia checa del Consejo de la UE sobre la propuesta de directiva de la Comisión que garantiza un tipo impositivo efectivo mínimo [del 15%] para los grandes grupos multinacionales”, señala el Ejecutivo comunitario en una nota publicada el lunes después de la reunión del Consejo, en la que el tipo mínimo no ha sido la única cesión de Budapest. El Gobierno ultraconservador de Viktor Orbán también ha aceptado el paquete de ayudas de 18.000 millones para Ucrania, al que se oponía por su cercanía con Rusia.
Con el acuerdo sobre el nuevo impuesto, Bruselas traspondrá el pacto alcanzado el año pasado entre casi 140 países en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La iniciativa incluye un conjunto común de reglas para calcular el suelo del 15%, que afectará a empresas con facturación superior a los 750 millones de euros al año. “Serán de aplicación a cualquier gran grupo, tanto nacional como internacional, con empresa matriz o filial situada en un Estado miembro de la UE”, detalla el comunicado de la Comisión.
En la práctica, si la filial de una empresa paga menos del 15% en el impuesto de sociedades en uno de los países extranjeros donde opera, el Estado donde tiene sede la matriz le podrá aplicar un impuesto de “complemento” para alcanzar el umbral del 15%. La directiva europea también prevé garantizar una recaudación efectiva cuando la matriz esté fuera de la UE, en un país de baja tributación que no aplica normas equivalentes.
Bloqueo
El acuerdo impulsado por la OCDE —por el cual trabajó durante años— logró el sí de casi 140 jurisdicciones el año pasado, con el objetivo de modificar unas reglas fiscales internacionales que se han vuelto obsoletas con la globalización y el auge de los negocios digitales. Varios miembros de la UE, entre ellos España, Francia o Italia, han sido fervientes promotores de esta iniciativa, que podría brindar hasta 83.000 millones adicionales al bloque comunitario y que en parte serviría para amortizar el fondo de recuperación. Pero otros se han opuesto frontalmente en los últimos meses, con los Gobiernos ultraconservadores de Polonia y Hungría a la cabeza.
Varsovia se opuso la norma y bloqueó el Ecofin, el órgano que agrupa los ministros de Finanzas europeos, la pasada primavera, cuando Francia presidía el Consejo de la UE y la mayoría de Estados miembros habían cerrado filas alrededor del nuevo impuesto. Alegó que la aplicación del tipo mínimo no iba acompañada de la segunda iniciativa estrella que forma parte del acuerdo de la OCDE —y cuyos detalles técnicos están por cerrar—: que las multinacionales paguen una parte de impuestos en los territorios donde operan y generan beneficio aunque no tengan presencia física. Bruselas ofreció a cambio el compromiso de presionar para que las negociaciones internacionales avanzaran más rápidamente. Pocos meses después fue Hungría quien vetó la aprobación del tipo mínimo, usando como excusa los mismos argumentos que Polonia, además de la guerra de Ucrania y su impacto negativo sobre la economía.
El giro de Orbán que ha permitido el desbloqueo del proyecto no llega por un repentino cambio de opinión. Ha sido la moneda de cambio para que la sanción a Budapest por no completar a tiempo el listado de reformas de la justicia y anticorrupción fuera menos severa a la inicialmente planteada: el Consejo de la UE ha decidido congelar el 55% de los fondos estructurales a Hungría en lugar del 65%. Aun así, se trata de una decisión histórica: es la primera vez que la UE llega a suspender transferencias a uno de sus socios por vulnerar el Estado de derecho.
Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la UE, ha comentado que el acuerdo sobre el tipo mínimo del 15% supone “una victoria para la equidad, la diplomacia y el multilateralismo. La Comisión Europea nunca se dio por vencida con este acuerdo y me enorgullece ver que se haga realidad (…). Ahora debemos concentrar nuestros esfuerzos en finalizar las discusiones sobre el otro pilar del acuerdo global, que se centra en gravar a los grupos multinacionales más grandes, e incorporarlo a la legislación de la UE”.
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