Hay fragmentos de la vida de Elies Buchaca Borrell, maestro de la República, perdidos para siempre. No quiso o no pudo contarle a su hija Àngels las desventuras de la Guerra Civil, así que, cuando ella quiso recuperar la memoria familiar, era demasiado tarde. Por su madre supo que, cuando estalló el conflicto, “un vecino le denunció y tuvo que esconderse y salir del pueblo”, Sant Pau d’Ordal, en el Penedès (Barcelona), tierra de viñedos. Y que, después, en 1940, fue “depurado” por el franquismo y perdió su plaza de profesor: nunca pudo volver a ejercer en la enseñanza pública.
Elies es uno de los 30 vecinos del municipio de Subirats que este domingo serán homenajeados. La consejera de Justicia del Govern, Lourdes Ciuró, entregará a sus descendientes documentos de reparación jurídica que, de forma simbólica, anulan los juicios por los que fueron condenados. Uno de ellos, Josep Duran, fue ejecutado sin pruebas por un asesinato. Otros tantos fueron condenados a penas de prisión. Elies, el maestro, expulsado de la carrera. Allí estará Àngels, que ha sido maestra como su padre y ahora tiene 73 años. “Hace ilusión este reconocimiento; es una forma de hacerle justicia”. El Govern ha expedido casi 6.000 documentos de nulidad para “restablecer el honor y la dignidad” de los encausados.
Àngels se aproximó a la verdad sobre su padre cuando falleció su madre, en 2003. “Al vaciar el piso, encontré documentos, cartas que se habían escrito. Esas cartas picaron mi curiosidad. Intenté entenderlas, clasificarlas”, cuenta Àngels desde su domicilio en el barrio de Horta de Barcelona.
Las cartas y la guerra
A finales de 1934, Elies gana su plaza de “maestro propietario” en la escuela de niños de Sant Pau d’Ordal y escribe a su prometida Lluïsa Rusiñol: “Llegué con lluvia intensa. El pueblo es bastante bonito. La escuela me ha gustado mucho”. También lamenta las dificultades para subsistir: “He de pagar seis pesetas al día en la Fonda de Cal Pau Xic. Son unas condiciones que solo podré aguantar hasta las vacaciones de Navidad”. En el pueblo, Elies trató de incorporar las nuevas tendencias pedagógicas (Escola Nova, Institución Libre de Enseñanza). “Hoy han hecho una excursión, una especie de festival infantil y dos cancioncillas rítmicas, El dormilón y Son diez chicas para casar”, escribe en una de las cartas, que Àngels atesora y que son testigo de una historia de amor. Sus padres se casaron, por la iglesia, el 10 de junio de 1936, un mes antes de la sublevación militar que lo cambió todo.
Àngels recuerda ver a su padre dando clases en un colegio privado de Gràcia: “De noche enseñaba a adultos en catalán, a escondidas”, cuenta. Pero la biografía sobre su padre empezó a tener más sentido a partir de 2017, cuando el Parlamento catalán aprobó por unanimidad una ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo que, entre otras cosas, declara nulos los juicios y consejos de guerra. El Archivo Nacional de Cataluña elaboró una lista pública de los procesos judiciales instruidos, incluido el nombre de los encausados y las penas impuestas. El Centro de Estudios de Subirats (Cesub) halló a 55 vecinos del municipio. Josep Maria Girona, miembro del Cesub, recuerda los meses de trabajo fotografiando documentos en el Archivo Militar de Barcelona y otros, que les llevó a contactar con familiares de 30 de los afectados —todos han fallecido— que este domingo serán desagraviados.
Subirats fue una zona de conflicto intenso entre rabassaires ―agricultores a los que se cedía el cultivo de la vid— y propietarios. El golpe del 18 de julio “provocó una reacción proletaria y se ocuparon tierras de los dueños, que huyeron”, dice Girona. Más tarde, con la victoria del bando nacional, llegó la venganza en forma de procesos penales que “solían comenzar con el testimonio de algún vecino del pueblo, muchas veces fruto de envidias y rencores”. Eso es lo que, presuntamente, le ocurrió a Elies cuando se enfrentó al juzgado militar especial de depuración de funcionarios civiles acabada la guerra.
Un profesor “pésimo”
En el verano de 1939, la Comisión Depuradora del Magisterio pide informes al alcalde, al cura y al jefe de la Guardia Civil de Subirats sobre “la conducta religiosa, profesional y político-social” del maestro. Todos tienen una opinión “pésima” de Elies. Le acusan de “propaganda anticatólica” y de perjudicar, en la escuela, a los hijos de “familias derechistas”. No se ponen de acuerdo sobre su filiación política: el alcalde dice que “organizó el Partido Socialista” y era de la UGT; el jefe de la Guardia Civil, que era “socialista” y “marxista”; el cura, que era “del Partido Comunista”, aunque este último admitió que hablaba de oídas porque no estaba allí durante la guerra.
Esos informes también fueron solicitados en Sentmenat (Barcelona), donde Elies había trabajado como profesor entre 1932 y 1934. Los resultados fueron opuestos. El alcalde, el cura y el guardia civil de allí dijeron que su conducta era positiva. Pero en una muestra de las escasas garantía de los procesos judiciales y administrativos, la Comisión solo escuchó a una de las partes, y dictó un pliego de cargos en el que se le acusaba, además de las acusaciones vertidas por los testigos, de “tomar parte en saqueos”.
Elies intentó recuperar su plaza. En una carta, alega que fue miembro “forzoso” de la UGT y que se afilió al PSUC “por temor a represalias” en 1936. Tanto Àngels como el Cesub no dudan de que, por la documentación recabada, el maestro fue una persona “implicada políticamente” a favor de la República. Sus palabras pueden explicarse por la necesidad de recuperar el trabajo, pero también la profesión que amaba, aunque tenga que desear a su destinatario una larga vida “para bien de la Patria”. A Elies le preguntaron qué hizo para sumarse al Alzamiento, el golpe de Estado contra la II República. El maestro dijo que nada, porque “desconocía” que se estaba preparando.
De nada sirvió el esfuerzo. La decisión nunca fue revocada y, tras su paso por la escuela privada, acabó trabajando en una compañía de seguros. Murió en 1976, a los 71 años, en un accidente de coche.
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