La modernidad está caracterizada – en cualquiera de sus épocas- por cambios en los paradigmas, cuestionamiento a las estructuras que nos dominan e innovación tanto en las ciencias exactas como en las ciencias sociales. Cuestionar y buscar maneras de mejorar el estatus quo siempre va a presentar resistencia, tanto de personas como del contexto, sin embargo siempre hay cambios necesarios.
La paridad de género en organismos internacionales, el riesgo que viven las personas defensoras del medio ambiente y el fenómeno de la migración son tres ejes que marcan los debates en los salones de las recientes Asambleas Generales de OEA y Naciones Unidas. Temas que anuncian cambios acelerados para la nueva dirección del hemisferio.
En Nueva York, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, uno de los eventos que convocó la conversación sobre el liderazgo de las mujeres fue el organizado por Co-impact y la fundación Clooney por la Justicia. Espacio en el que junto a gigantes del tema, como Melinda Gates, Olivia Leland, Christie Jones, Jarpa Dawuni y Amal Clooney, reflexionamos sobre cómo fortalecer el liderazgo de las mujeres en el derecho internacional. Desde el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL- y la campaña GQUAL señalamos la importancia de los cambios institucionales y las estrategias colectivas que garanticen la sostenibilidad de la transformación en la justicia Internacional. La paridad es un llamado latente en los cinco continentes y se puede adelantar si es acompañado de estrategias de incidencia basadas en datos y evidencia, trabajo legal y político, alianzas y, en ocasiones, litigio internacional.
La paridad es un cambio necesario. La Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana han avanzado de la crónica subrepresentación a la paridad en su composición por primera vez en la historia. Durante 37 años, de las cuatro décadas del Tribunal, su composición fue exclusivamente masculina o contó solo con una mujer, mientras que la CIDH tuvo históricamente un porcentaje del 21.92% de mujeres.
La Asamblea General de la OEA que se adelanta en Lima, en la que participamos como representantes de la coalición de las organizaciones de derechos humanos en las Américas, ha contribuido en parte a este avance. Desde 2016 ha aprobado cinco resoluciones referidas a la importancia de lograr balance de género en la integración de los órganos del Sistema Interamericano. Con la campaña GQUAL hemos impulsado estas resoluciones y actualmente la Asamblea debate una nueva resolución que avanza en el desarrollo de procesos de selección y políticas de votación que promuevan la transparencia y la paridad en la representación internacional.
Pero la paridad de género no es el único foco que ha dejado fuertes movimientos en estos espacios regionales de protección de derechos humanos para el continente. También lo es la situación de personas defensoras, en especial aquellas del medio ambiente. Según el último informe de Global Witness en 2021, de un total de 200 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente asesinadas, tres cuartas partes de estas muertes ocurrieron en América Latina.
La cantidad desproporcionada de ataques contra pueblos indígenas también creció el año pasado. Como indica Global Witness más del 40 % de todos los ataques fatales fueron dirigidos a pueblos indígenas. En América Latina, buena parte de los asesinatos se dieron en la Amazonia y México. Sin garantías para las personas defensoras, no hay derechos ni resolución posible a la crisis climática que nos azota. Como subraya el Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional ambiental y de derechos humanos en América Latina y el Caribe, la solución a la crisis climática no es posible sin proteger a las personas defensoras del medioambiente.
En este frente empiezan importantes avances en la jurisprudencia regional. Una muestra es la histórica decisión de este 4 de octubre, donde la Corte Interamericana determinó por primera vez la responsabilidad de Brasil por la impunidad en el asesinato del defensor de derechos humanos y lucha campesina Gabriel Sales Pimenta. La sentencia reconoció los patrones de violencia e impunidad estructural contra personas defensoras de la tierra en Brasil. Este es un caso que representamos desde CEJIL junto a la Comisión Pastoral de la Tierra CPT.
Los flujos migratorios regionales vinculados a la erosión del Estado de derecho, los conflictos y la crisis climática, es otro jugador que sigue poniendo en jaque los derechos de millones de latinoamericanos de manera cotidiana. Por ello, la situación de las personas forzadas a migrar está nuevamente presente en un debate regional que requiere encontrar soluciones justas, equitativas y que tomen en cuenta las causas estructurales de la migración forzada. Sin estas condiciones, difícilmente se avance en soluciones eficaces.
Los cambios, más necesarios que nunca, en relación a la paridad de género, protección a personas defensoras de derechos humanos, la respuesta a la emergencia climática y la migración le exigen a las Américas no solo mecanismos internacionales eficientes, sino alianzas inteligentes a nivel global con quienes adelantan pasos agigantados en estas causas comunes.
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