Los vecinos de Madrid y Barcelona están hartos de lo que consideran una invasión de las calles y plazas por las terrazas. Y como no se sienten atendidos por los Ayuntamientos de sus ciudades, las federaciones vecinales de ambas capitales ―FRAVM y FAVB respectivamente― han pedido amparo este jueves al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y al Síndic de Greuges, el defensor del pueblo catalán, que ejerce Esther Giménez-Salinas. En un escrito de 10 páginas, que también firma FACUA Madrid, reclaman a las dos instituciones ayuda frente a la “indefensión” y la ocupación del espacio público. Por eso, les solicitan que investiguen si los Ayuntamientos cumplen las ordenanzas que regulan las terrazas.
Enrique Villalobos, presidente de la FRAVM, y Ana Menéndez, presidenta de la FAVB, arguyen que la normativa municipal no se cumple y que aquellos establecimientos que la transgreden no reciben sanción alguna. “Pedimos al Defensor del Pueblo que nos ayude a recuperar las ciudades”, ha pedido Villalobos. “Es quien nos puede defender cuando las administraciones no hacen su trabajo y esperamos que les exija un comportamiento más cumplidor”. La misma queja se traslada al Síndic, porque el Defensor no tiene competencias en Cataluña.
El Ayuntamiento de Madrid aprobó el pasado 25 de enero la nueva ordenanza de terrazas, tras un acuerdo entre PP, Ciudadanos y el Grupo Mixto, para recoger la medida implantada tras la pandemia que permitía a los locales colocar más veladores u ocupar plazas de aparcamiento. Esta norma sustituía a la aprobada en 2013 por la entonces alcaldesa Ana Botella (PP), que relajaba los requisitos para instalar terrazas en la vía pública. La ordenanza despertó las críticas de las asociaciones vecinales, que no han dejado de presentar reclamaciones a la administración, a pesar del cambio en la legislación. Las críticas por los ruidos, la suciedad y la ocupación de la calle, entre otras quejas, se acrecentaron a medida que se ampliaba el espacio ocupado por mesas en la calle.
A finales de la primavera de 2020, el Consistorio aprobó un conjunto de medidas extraordinarias a causa de la covid-19, para que bares y restaurantes ampliaran sus terrazas e incluso las pudieran instalar en plazas de aparcamiento sin pagar impuestos. Se trataba de facilitar el negocio en un momento en el que no estaba permitido consumir en el interior de los bares y restaurantes. Se autorizaron, por ejemplo, más de 2.000 ampliaciones en las aceras, según datos del Ayuntamiento. Las famosas terrazas covid, que estaban destinadas a desaparecer, al menos las ubicadas en las zonas de estacionamiento, con la nueva normativa antes de 2024, como anunció la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Ciudadanos), en octubre del año pasado.
Pero la nueva ordenanza, aprobada este enero y vigente desde el 1 de febrero, se compromete a mantener estos veladores, siempre y cuando no ocupen más del 40% de la calle. Además, el Consistorio madrileño creó un mapa con las llamadas zonas saturadas, aquellas en las que las terrazas ocupan prácticamente todo el espacio. Son 256 zonas saturadas, muchas concentradas en barrios del distrito Centro como Ponzano, Ibiza o Lavapiés. En estos espacios de alta ocupación, el Ayuntamiento se comprometió a retirar todas las terrazas ampliadas.
Aitor Sol
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272 quejas
La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha defendido este jueves las bondades de la ordenanza madrileña, al ser preguntada por la queja de las federaciones vecinales. “Esa ordenanza, en mi opinión, es técnicamente buena, y es tan buena que Barcelona la ha replicado prácticamente idéntica”, ha afirmado. Según ella, desde que esta norma está en vigor, el Ayuntamiento ha recibido 272 quejas por los veladores de la ciudad, un porcentaje que ha considerado “singularmente bajo”.
Enrique Villalobos difiere y critica que la nueva ordenanza “no ha cambiado nada” porque “se hizo pensando en la hostelería y sin escuchar a los ciudadanos”. Desde que se aprobó, la FRAVM ha recibido más de 400 quejas vecinales, remitidas a través de un formulario en su página web. La última es del 5 de septiembre. “Las terrazas son una actividad accesoria de bares y restaurantes. Nos están convenciendo de que no, de que es algo principal y de que sin ello un negocio es inviable”, señala.
El presidente de la FRAVM achaca el problema a una falta de vigilancia y control de la actividad hostelera, resultado de una escasez en el número de efectivos de policía municipal y de administrativos que tramiten las sanciones. También critica el proceso por el que el dueño de un bar o restaurante puede pedir la autorización para montar una terraza en la capital. Los interesados deben presentar a la administración una declaración responsable, documento firmado en el que se comprometen a cumplir con los requerimientos establecidos en la ordenanza. “Así se agiliza la administración, siempre y cuando quien las solicite cumpla de verdad, pero en Madrid eso no ocurre”, lamenta.
Barcelona, más restrictiva
La ordenanza de terrazas de Barcelona, que la alcaldesa Ada Colau heredó del anterior gobierno municipal de Xavier Trias, y que ha sufrido varias modificaciones fruto de las negociaciones con el gremio de la restauración, es en general más restrictiva que la de Madrid. Obliga a tener una licencia, contiene restricciones sobre el aforo y la distancia que debe haber entre las mesas y la fachada, y los horarios son están más restringidos. Con todo, Ana Menéndez, presidenta de la FAVB, considera que en muchos casos esta norma es papel mojado: “Hay un incumplimiento generalizado por parte del sector, las administraciones no ejercen su papel de control y sanción, y, además, las modificaciones de la ordenanza han hecho que esta incumpla leyes de rango superior, como la ley de accesibilidad para permitir el paso de personas con discapacidad”. Esto, afirma, ha dado lugar a “problemas muy graves de salud relacionados con la alteración del sueño, ansiedad o depresión. La gente acaba vendiendo el piso, se va del barrio, porque están desesperados, también porque la proliferación de terrazas hace que se expulsen comercios de barrio”.
La FAVB puso en marcha este año una campaña de denuncias fotográficas en sus redes sociales para señalar incumplimientos en la ocupación del espacio público, y recibieron más de 600 denuncias. Ahora han pasado a la vía administrativa, y como federación de vecinos ha puesto alrededor de 100 denuncias, pero aún no han recibido respuesta.
Con la pandemia, Barcelona también permitió la instalación, en principio provisional, de terrazas en aceras y asfalto. La ordenanza se modificó para hacer permanentes estas terrazas, pero el Ayuntamiento avisó de que no renovaría las licencias en las calles más saturadas. El 77% de los bares y restaurantes que ampliaron sus terrazas han pedido que se consoliden (2.800 de las 3.600 licencias extraordinarias que se otorgaron durante la pandemia). El Gremio de Restauradores asegura que se están denegando la gran mayoría de licencias y acusan al Ayuntamiento de no cumplir con su palabra, pero Menéndez cree que no es así: “Nuestra gran preocupación es que se consoliden”.
En ambas federaciones exigen un cambio en las ordenanzas vigentes. Entre los puntos comunes está la restricción de los horarios de las terrazas con las once de la noche como límite, en Madrid cierran ahora a la una de la mañana y en Barcelona, a medianoche. También piden que las terrazas sean elementos estacionales que solo se abran en los meses de verano, que no sobrepasen la anchura de la fachada de los establecimientos, que se eliminen las mesas pequeñas de un solo pie, llamadas veladores, que se refuercen los requisitos para garantizar las vías peatonales o que se reduzca el espacio que ocupan las mesas en las plazas públicas.
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