En medio de los enfrentamientos que se han recrudecido este año entre las disidencias de las FARC que se apartaron del acuerdo de paz y la guerrilla del ELN a ambos lados de la frontera entre Colombia y Venezuela, las fuerzas de seguridad venezolanas han sido cómplices del ELN, al punto de realizar “operaciones conjuntas”, ha señalado este lunes Human Rights Watch (HRW). Después de hacer más de un centenar de entrevistas, entre ellas a personas que huyeron de estado venezolano de Apure, y de visitar los departamentos colombianos de Arauca y Vichada, la organización apunta que la misión internacional independiente de la ONU sobre Venezuela, creada para investigar graves violaciones de derechos humanos, debe evaluar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos cometidos por grupos armados en Apure, así como identificar la responsabilidad individual de funcionarios de alto nivel.
Desde el primer día de este 2022 comenzaron tanto en Apure como en Arauca los feroces enfrentamientos por el control del territorio y las actividades ilícitas entre el Comando Conjunto de Oriente, una suerte de coalición entre disidencias de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el Ejército de Liberación Nacional. Miles de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares: al menos 3.860 se han desplazado internamente en Arauca y más de 3,300 han cruzado la frontera desde Venezuela.
Los combatientes de ambos bandos han cometido múltiples abusos, que incluyen decenas de asesinatos, así como reclutamiento forzado, incluso de niños y niñas, y desplazamiento forzado, ha detallado HRW en su informe sobre la zona fronteriza. De acuerdo con numerosos testigos, “miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) han participado en operaciones conjuntas con guerrilleros del ELN”, denuncia el informe. También recuerda que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas se han visto implicados en violaciones sistemáticas de derechos humanos, lo que ha llevado a que la Corte Penal Internacional abra una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En Colombia, los esfuerzos para asistir a las personas desplazadas en Arauca y Vichada han sido insuficientes. Centenares de ellas no tienen acceso a alimentos, agua potable y servicios de salud, especialmente en Vichada, con crecientes riesgos de reclutamiento forzado, advierte HRW, que recomienda a las autoridades colombianas evaluar con urgencia las necesidades humanitarias de las personas que huyeron de Apure e implementar un plan de respuesta para atenderlas.
Arauca, un departamento históricamente golpeado por el conflicto armado, se ha convertido por enésima ocasión en una zona de guerra en este 2022, con más de un centenar de homicidios solo en enero y febrero. En lo que va de este siglo ya había vivido una sangrienta arremetida paramilitar y un feroz enfrentamiento entre las extintas FARC y el ELN. Un tercio de sus 300.000 habitantes ya eran víctimas registradas antes de este nuevo ciclo de violencia.
Del otro lado de la línea limítrofe, el Gobierno chavista de Caracas ha tolerado durante años la presencia de los insurgentes, pero hace un año, por motivos que no se han terminado de esclarecer, lanzó una ofensiva a sangre y fuego contra las disidencias, que incluyó bombardeos, arrestos arbitrarios y torturas. Human Rights Watch ya había denunciado en su momento que esa ofensiva en Apure estuvo plagada de atrocidades. La ONG ha documentado en anteriores informes el panorama de asesinatos, torturas, reclutamiento de menores, secuestros e incluso trabajo forzado que los grupos armados han impuesto tanto en Apure como en Arauca.
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“Los grupos armados están cometiendo abusos brutales contra civiles en la frontera entre Colombia y Venezuela, en algunos casos con la complicidad de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, y la respuesta de las autoridades colombianas ha sido inadecuada e insuficiente”, ha señalado Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW. “Las autoridades colombianas deben redoblar urgentemente sus esfuerzos para proteger a la población y asistir a las personas desplazadas, y la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU debe investigar la responsabilidad de las fuerzas de seguridad venezolanas en los abusos de las guerrillas”.
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