México ha amanecido este lunes pendiente del iceberg Pegasus, escándalo que no deja de crecer. Una investigación periodística ha revelado que al menos 15.000 personas estuvieron en la mira del malware, un número mucho mayor del que se pensaba hasta ahora. Las nuevas revelaciones apelan a la Fiscalía General de la República, FGR, que abrió una investigación sobre su uso hace cuatro años. Indagatoria que aún no ha dado resultados. Consultado al respecto, un vocero de la dependencia ha dicho: “Es una investigación en desarrollo y por el secreto de la misma no podemos revelar nada”.
La actitud de la Fiscalía en el caso Pegasus contrasta con la que mantiene en otras investigaciones de alto perfil, como el caso Ayotzinapa. En este último, la agencia investigadora informa periódicamente de sus acciones, sobre todo cuando hay novedades importantes, como la identificación de alguno de los normalistas desaparecidos, situación que ha ocurrido dos veces en los últimos dos años. Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, dice: “Yo creo que tiene que ver con que está comprobado que la dependencia usó la tecnología. Es más, no sabemos si la siguen usando. Igual por eso son tan cautos”.
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Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía y la agencia federal de inteligencia, Cisen, usaron el Pegasus, un poderoso software que permite al usuario acceder vía remota a celulares previamente infectados. Al menos esas tres, porque no es descartable que otras dependencias, de nivel federal o estatal, adquirieran el malware. Tras el cambio de administración, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el Gobierno ya no lo usaba. Sin embargo, en 2019 una falla de seguridad de WhatsApp había dejado la puerta abierta al malware, infectando los teléfonos de miles personas en todo el mundo, varios de ellos en México.
Dada su naturaleza, Pegasus es un producto de venta exclusiva para gobiernos. Eso es al menos lo que siempre ha mantenido la empresa creadora, la israelí NSO Group. A raíz de las nuevas revelaciones de estos días, como el caso del reportero Cecilio Pineda, la incertidumbre es si cabe mayor. Pineda murió asesinado en 2017 en Guerrero, cuando su celular ya estaba infectado. Si NSO Group solo vende el software a gobiernos, ¿cómo dieron los asesinos de Pineda con él, un reportero amenazado que había cambiado de domicilio y cuidaba continuamente sus pasos? ¿Fue casualidad?
Pese a las dudas y la gravedad de los datos, el silencio es total. Aguirre plantea que hay dos niveles de responsabilidad. “El primero es la transparencia. Oficiosamente deberían dar una explicación, la cantidad de contratos firmados, la forma en que se usó el malware, etcétera. El segundo es la investigación penal. Nos da la sensación de que [el fiscal, Alejandro] Gertz cree que esto va simplemente de mirar los teléfonos de las víctimas y ver si es cierto que fueron infectados o no. Pero esa es una aproximación técnica muy deficiente. Quizá el hecho de que hayan tocado a personas cercanas al presidente anime a la FGR a investigar de manera integral”, añade.
Para Juan Manuel Casanueva, responsable de la organización Socialtic, centrada en seguridad digital, la magnitud del espionaje es sorprendente. Según la investigación periodística coordinada por Forbidden Stories, 15.000 celulares mexicanos estaban en la lista de objetivos potenciales de los clientes de NSO Group en México. “En comparación con el resto de países de la lista, es escandaloso. Se nota que no solo no hubo un mínimo control, sino que se usó como una herramienta diaria y sistemática de vigilancia”, critica Casanueva.
El experto considera evidente la falta de interés de la FGR por la transparencia. A lo largo de los años, Socialtic y otras organizaciones, como la Red por los Derechos Digitales. Han acudido a la ley de transparencia para conseguir información sobre los contratos de Pegasus con la Fiscalía y el Gobierno. En la mayoría de los casos, la respuesta ha sido pura opacidad. “Es imposible que no tengan rastro de todo eso”, dice Casanueva, en referencia al uso del software durante los años de Peña Nieto. “Vista la magnitud del intento de espionaje, es imposible que no lo supieran los que encabezaban Gobernación, Defensa, o la misma Fiscalía… Es ya un nivel institucionalizado de espionaje”.
