Luego que la Fiscalía General de la Republica (FGR) decidió no ejercer acción penal en contra del Magistrado José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que apeló la decisión del ministerio público.
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La UIF dependiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público informó que el pasado 22 de junio presentó una denuncia contra seis personas, dos físicas y cuatro morales, luego que identificó operaciones financieras por montos superiores a los declarados.
Dichas personas operan instrumentos financieros y corporativos donde se identificaron diversos depósitos en las cuentas bancarias de un familiar. Mismos que no guardan relación directa con lo declarado ante la autoridad hacendaria.
En los análisis de riesgo también encontró que hay transferencias con destino al extranjero y constitución de empresas cuya finalidad no se justifica. Al haber funcionado únicamente como captadoras de recursos provenientes de otras firmas con características de fachada, para posteriormente dejarse sin funcionalidad.
En noviembre pasado trascendió que el magistrado Vargas gastó cerca de 20 millones de pesos. Más que sus ingresos declarados fiscalmente durante los seis años anteriores. Por lo que la UIF presentó una denuncia ante la FGR.
Un comunicado de prensa el magistrado dijo que el origen de su patrimonio y el de su familia es completamente lícito. “Mi conducción como servidor público en el TEPJF y en otras instituciones públicas siempre ha estado apegada a lo que marcan las normas, y he cumplido cabalmente con mis obligaciones”, añadió.
Al darse a conocer que el pasado 15 de junio la FGR no ejercitó acción penal en su contra la UIF. Indicó que consultó dicha determinación en la que el MP argumentó y se pronunció únicamente en dicha determinación por Enriquecimiento Ilícito.
“Por tal motivo y conforme al artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, impugnó la determinación ante el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la CDMX. Misma que se radicó el medio de impugnación en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte” señaló la UIF.
