Continúan los asesinatos en Perú tras las protestas sobre la destitución de Castillo. Entre el domingo y el jueves, según los reportes del Ministerio de Salud, el número de fallecidos se ha elevado a 18, de los que 12 murieron de forma directa durante el enfrentamiento con las fuerzas armadas y el resto a causa del bloqueo de carreteras. Por lo menos seis no superaban los 19 años. Ninguno falleció en Lima, la capital, sino en la serranía y en la costa: Apurímac (6), Ayacucho (7), Huancavelica (1), Arequipa (1), y La Libertad (3).
La violencia se desató en Ayacucho, la región más golpeada por el terrorismo entre los años ochenta y noventa. Un pueblo que convive en un eterno fuego cruzado y al que le es muy difícil respirar paz. La masacre sucedió en los alrededores del aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte. Como ha podido constatarse en videos difundidos por vecinos, no todos los militares dispararon al aire. Prueba de ello son los siete fallecidos y 52 heridos, según información de la Dirección de Salud.
“Somos luchadores, no somos terroristas”, se gritó a viva voz en la Plaza de Armas de Huamanga, en Ayacucho. Y, como en el pasado, las acusaciones de terrorismo recaen en los manifestantes con el propósito de deslegitimar sus protestas. El Gobierno Regional de Ayacucho ha sido enfático en responsabilizar a la actual presidenta, Dina Boluarte, así como a los ministros del Interior y Defensa. “Deben renunciar inmediatamente a sus cargos. Exigimos el cese inmediato del uso de armas de fuego de parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas contra nuestra población”, señalan en un comunicado.
En este contexto, el Ejecutivo decretó cinco días de inmovilización social obligatoria en quince provincias pertenecientes a las regiones de Arequipa, Apurímac, Huancavelica, La Libertad, Cusco, Ayacucho, Ica y Puno. Las víctimas en Ayacucho, donde la noche de este jueves se produjo un cacerolazo, no han sido identificadas todavía. Ya van 187 los heridos a lo largo y ancho del país.
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