Barcelona y Madrid sufren desde hace más de 20 años problemas de contaminación, de tipo crónico, cada día, del aire que necesitamos para respirar, además de los episodios de polución. Entre un 50% y un 70% se debe al tráfico. Problema que no tiene una solución única ni mágica. Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son uno de los sistemas más utilizados en Europa: limitan la circulación a los vehículos que más contaminan. Para su discriminación se usan las normas Euro que definen el nivel de emisión para homologar los coches, cada vez más exigente.
El confinamiento del año 2020 mostró ciudades con aire limpio, y permitió conocer cuánto deberían reducir la contaminación. Para el dióxido de nitrógeno, un 48% en Barcelona y un 57% en Madrid.
La sentencia sobre la ZBE de Barcelona indica que no respeta el principio de proporción, lo cual es cierto, pero no en la dirección que señala. Su proporcionalidad es insuficiente para poder conseguir la calidad del aire definida por la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea: tanto Barcelona como Madrid deberían ser mucho más exigentes y ambiciosas. La ZBE de París abarca 490 kilómetros cuadrados y la de Londres, 360.
La adopción de ZBE en Barcelona y Madrid se conocía desde 2017. Uno de sus efectos ha sido la renovación del parque circulante a vehículos más limpios. Conveniente, porque España es el tercer país de Europa con el parque móvil más viejo. La renovación reduce los contaminantes atmosféricos, principal objetivo buscado, pero también reducir las emisiones de CO₂, positivo ante la emergencia climática.
Desde una perspectiva jurídica, las ZBE pueden confrontar dos derechos: el derecho a la salud frente a la movilidad. Conviene señalar que está archidemostrado que la contaminación del aire afecta a la salud. En cambio, el derecho a la movilidad solo se condiciona, a ciertas horas, a los vehículos que más contaminan. Y hay sistemas de movilidad alternativos y ayudas para renovarlos.
Pero lo más importante: no existe un derecho a circular en el vehículo que uno quiera, ya que la contaminación emitida afecta al resto de ciudadanos. Las ZBE no generan desigualdades sociales, los beneficios de la mejora de la calidad del aire son universales y reducen los costes sanitarios. El derecho que debe priorizar está clarísimo: la salud.
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José M. Baldasano es catedrático emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña.
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