El juicio a la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs, comenzará el 10 de febrero, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) este viernes en una nota. A la también líder de Junts per Catalunya se le acusa de falsedad y prevaricación por haber supuestamente fraccionado un contrato público para favorecer a un amigo, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, antes de 2018. El TSJC ha informado además que rechaza la petición de la Fiscalía de no aceptar la prueba pericial solicitada por la defensa y que se encargó al exintegrante de Fuerza Nueva condenado por el asesinato de Yolanda Gómez
De acuerdo con un auto conocido este viernes, el Tribunal ha programado el juicio durante ocho jornadas de mañana y tarde, con lo cual el 1 de marzo estaría finalizado. El magistrado instructor, Jordi Seguí, acusa a la presidenta suspendida del Parlament de “abusar de sus funciones” frente a la institución cultural al “concertarse” con su amigo y colaborador Isaías Herrero para “defraudar” a la Generalitat.
Seguí calcula que en total se defraudaron unos 300.000 euros, que implican 18 contratos a dedos. Con el fraccionamiento se evitó tener que hacer un proceso de libre concurrencia. Borràs, que estará sentada en el banquillo junto a otros dos personas, es acusada de los delitos de prevaricación y falsedad. Esos dos tipos se engloban dentro de los delitos relacionados tradicionalmente con la corrupción y por ello, tan pronto se le abrió juicio oral, el pasado mes de julio, fue suspendida de su cargo como presidenta de la Cámara.
La Fiscalía pide seis años de cárcel y 21 de inhabilitación para Borras, además de una multa de 144.000 euros. La principal prueba en su contra son unos correos electrónicos de 2013 y 2014 entre ambos, muy explícitos, en los que supuestamente ella le explica cómo realizar el fraccionamiento. La líder de Junts jamás ha aceptado que sean suyos. De ahí que su defensa intente negar esa autoría de tras las maneras y haya contratado a un perito informático muy reconocido. Se trata de Luis Enrique Hellín Moro, que fue integrante de la formación ultraderechista Fuerza Nueva y fue condenado por el asesinato y tortura de una joven militante del Partido Socialista de los Trabajadores en 1980.
La familia de la activista asesinada, así como casi todo el arco político criticó la decisión del equipo de la defensa de Borrà. La Fiscalía pidió oficialmente desestimar a Hellín Moro, al considerar que los resultados de la prueba quedaban en entredicho por su pasado (no había hecho lo mismo en otras instancias como la Audiencia Nacional ) pero jefa de filas de Junts no hizo ningún cambio. Ahora el TSJC ha avalado al perito y su prueba se realizará igualmente,
La dirigente de Junts, que está siendo crecientemente cuestionada dentro de su propio partido, siempre ha atribuido este juicio a una supuesta “campaña del Estado” contra ella por sus ideología independentista.
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