Legado tóxico de Claudia Sheinbaum

El 30 de marzo de 2026, se presentó en la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum un Informe sobre la Estrategia de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, enfocado en un problema crónico que ha marcado la historia reciente de México. Esta legislación, promovida por Sheinbaum, establece la obligación de abrir una carpeta de investigación ante cada denuncia de desaparición. Sin embargo, muchos consideran que constituye un avance necesario pero insuficiente, dado que las fiscalías estatales carecen de la autonomía y los recursos necesarios para llevar a cabo investigaciones efectivas.

Poco después, el 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU elevó la situación de México a la Asamblea General, tras catalogar las desapariciones como “generalizadas y sistemáticas”, una calificación alarmante que podría encuadrarse como crímenes de lesa humanidad. Este pronunciamiento es el más grave que puede emitir el organismo internacional y subraya una realidad ignorada durante casi dos décadas, desde 2006 hasta 2024. En este contexto, se han reportado un total de 394,645 personas desaparecidas desde 1952, con al menos 132,534 sin localizar hasta el 19 de febrero pasado. Este escenario revela un saldo desolador: apenas una detención por cada 463 desaparecidos, mientras que ningún gobierno, desde Felipe Calderón hasta Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado la voluntad política necesaria para erradicar esta impunidad.

La presidenta Sheinbaum ha respondido a las críticas del Comité, cuestionando la metodología del informe que utiliza datos de 2009 a 2017 para ilustrar una situación que persiste hasta 2025. Juan Pablo Albán, presidente del organismo, respondió señalando que el aumento constante en los registros de desapariciones es una evidencia suficiente de la magnitud del problema actual.

El debate sobre la metodología no es más que un velo para ocultar la herencia problemáticas que han pasado de administración a administración. Al defender a López Obrador, con un registro de respuesta deficiente ante la crisis de desapariciones, Sheinbaum se encuentra en una posición complicada; cuestionar al Comité implica un intento de proteger a su antecesor en el poder, un acto que puede ser interpretado como un intento de eludir la magnitud del desastre heredado.

Es crucial destacar que el 98% de las desapariciones se concentran entre 2006 y 2024, periodo en el que se intensificó la guerra contra el narcotráfico. Las tasas de desapariciones no han mostrado señales de disminución durante el mandato de la actual presidenta, a pesar de sus promesas de verdad y justicia. Las fiscalías estatales, en su mayoría, no han cumplido con su deber de investigar y buscar a los desaparecidos, cuestión que ninguna reforma federal ha abordado adecuadamente, ni la nueva ley liderada por Sheinbaum.

Es posible que esta legislacion marque un primer paso hacia la verdadera autonomía de las fiscalías, pero los desaparecidos no pueden esperar a que se completen reformas que puedan tomar una década. La urgencia de encontrar respuestas y justicia para las víctimas es mayor que nunca. En esta lucha por el reconocimiento y la acción, cada día que pasa es un recordatorio de la impunidad que ha prevalecido durante años.

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