Chile celebrará el próximo fin de semana una de las elecciones más importantes de las últimas décadas. En medio de una crisis política, social e institucional que se suma a la sanitaria y la económica, los chilenos elegirán a los 155 constituyentes que redactarán la nueva Ley Fundamental, la primera nacida en democracia y que sustituirá a la de Augusto Pinochet. El órgano será paritario entre hombres y mujeres y habrá 17 escaños reservados para los pueblos originarios.
Las revueltas de octubre de 2019 empujaron al Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), y a prácticamente todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso, a ofrecer un itinerario para elaborar una nueva Constitución. Fueron días de marchas pacíficas y protestas violentas en los que la democracia chilena estuvo en peligro. Aunque las fechas de las elecciones han debido modificarse en dos ocasiones a causa de la pandemia, en octubre pasado se celebró el plebiscito, donde ocho de cada 10 chilenos respaldaron el cambio de la Constitución. La actual fue redactada en 1980 por el régimen militar de Pinochet, pero ha sufrido una cincuentena de modificaciones, tanto al final de la dictadura (1989), como en el Gobierno de Ricardo Lagos (2005), cuya firma está estampada en la actual Constitución. Pero en sus cuatro décadas de vida, el texto no ha logrado ni legitimidad ni convertirse en un elemento de unión entre los chilenos.
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“Se han generado expectativas muy altas respecto del cambio que pueda significar la Constitución. Fue una gran salida política en 2019, pero los problemas seguirán, simplemente porque no es posible que se resuelvan con una nueva redacción”, opina el académico Iván Jaksic, premio nacional de Historia 2020. “Temas que pueden importarle a la gente, como la equidad, la dignidad o la empatía son difíciles de constitucionalizar, o cuando lo hacen, como en otros países, generan nuevos problemas”, asegura Jaksic. Para el historiador, “esto nos remite a un viejo problema: la Constitución escrita”, aunque asegura que las elecciones del fin de semana son “un buen ejercicio cívico”.
Los 155 redactores comenzarán a trabajar desde una hoja en blanco y, de acuerdo con las reglas fijadas, se necesitará del respaldo de dos tercios de la convención para aprobar las normas que se incluyan en el nuevo texto. “Para bajar los temores de los diferentes sectores se acordaron algunos marcos de trabajo que el órgano constituyente debe respetar: el régimen democrático, republicano, los tratados internacionales vigentes y las sentencias judiciales ejecutoriadas”, explica Tomás Jordán, del Observatorio Nueva Constitución, plataforma de seguimiento del proceso.
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