La ley trans inicia este martes su tramitación, por los pelos, en plena semana del Orgullo. Tras casi medio año de arduas negociaciones entre los socios del Gobierno, el Anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI inicia su recorrido legislativo con su aprobación en el Consejo de Ministros. El texto incluye la libre autodeterminación de género, es decir, que una persona pueda cambiar el nombre y el sexo en el DNI solo con su voluntad. Con este cambio, España se convertiría en el decimosexto país del mundo que permite la autodeterminación de género, después de Dinamarca, Portugal, Noruega, Malta o Argentina, entre otros.
El anteproyecto, que ha contado con la oposición de parte del movimiento feminista, prevé eliminar la necesidad de informes médicos o de años de hormonación que se necesitan ahora para cambiar el DNI. Se cambia por un sistema de doble comparecencia: la persona deberá pedir el cambio en el Registro Civil y regresar tres meses después para ratificarlo y que se haga efectivo, sin tutelas ni testigos.
Más información
“Por fin las personas trans dejarán de ser consideradas enfermas en España”, proclamó el lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero (Unidas Podemos), en el acto institucional del Gobierno por el Día Internacional del Orgullo LGTBI. “Esta ley es un perdón sincero a todas aquellas personas a las que este país les ha dicho que sus vidas valían menos. Vuestras vidas importan”, señaló la ministra, la más activa dentro del Gobierno en el empuje de la ley.
Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FELGTB), afirmó que, aunque la ley aún no esté aprobada, “este es el primer paso para conseguir derechos y acabar con la patologización”. El trabajo de esta asociación, así como el de Chrysallis —que reúne a familias con menores trans— y el de la fundación Triángulo, también ha resultado clave para desbloquear la negociación. En esta ha desempeñado un papel importante la fecha: el PSOE, garante de los derechos LGTBI con medidas como el matrimonio igualitario, no quería llegar al Orgullo sin una propuesta que presentar.
Más información
El gran escollo, que tanto UP como los colectivos habían puesto como línea roja, era precisamente la libre autodeterminación de género, que finalmente se ha conseguido en términos similares a los previstos. Las personas mayores de 16 años podrán requerirlo por sí mismas. Y se permitirá con la asistencia de progenitores o tutores a partir de los 14 años (la edad a la que es obligatorio el DNI) y no desde los 12 como incluía el borrador que Igualdad elaboró en febrero.
Queda lejos también de lo que el propio PSOE planteó en 2017 en una proposición de ley —ratificada por el Parlamento en 2019 con el respaldo de todas las fuerzas políticas, entre las que aún no se encontraba el partido ultraderechista Vox— que no preveía ningún límite de edad en el caso de menores siempre que lo presentaran “a través de sus progenitores o representantes legales”.
