El Gobierno de Boris Johnson quiere dar un impulso definitivo al proceso de regularización de los ciudadanos de la UE residentes en el Reino Unido, antes de cerrar definitivamente las puertas a partir del 30 de junio. Esa es la fecha fijada para que concluya el llamado EU Settlement Scheme, un esquema de regularización a gran escala diseñado para que los comunitarios a los que el Brexit pilló en territorio británico no pasen a una situación de ilegalidad. 5,6 millones de personas lo han solicitado, y a 5,2 se les ha concedido. Queda un embudo de 400.000 solicitantes que aún no han obtenido respuesta.
Es difícil calcular de cuántas personas se trata. Desde que comenzó el proceso, muchos consulados de países europeos han confirmado cómo las cifras de nacionales que manejaba el Ministerio del Interior británico llegaban a duplicar en algunos casos las que ellos tenían censados.
En el caso de España, 150.000 ciudadanos se habían registrado en los consulados que hay en el Reino Unido, y más de 300.000 han solicitado su permiso de residencia. “Las personas que no hayan solicitado la residencia antes del 30 de junio no se verán privados inmediatamente de sus derechos sociales”, ha dicho este martes el secretario de Estado de Inmigración, Kevin Foster, a la comisión de Asuntos Europeos de la Cámara de los Lores. “Se abrirá entonces un segundo proceso, con una carta y un plazo de 28 días, para pedirles que regularicen ya su situación. Será solo a partir de la conclusión de esas cuatro semanas cuando estudiaremos individualmente cada caso”.
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Varias ONG habían solicitado al Gobierno de Johnson que ampliara el plazo de regularización, pero el Ministerio del Interior ha rechazado esa posibilidad. A cambio, ha flexibilizado considerablemente las exigencias del proceso. Esa es la fecha límite, aunque el plazo para presentar la solicitud se haya extendido luego durante seis meses, hasta el 30 de junio. Es decir, no entran dentro de las condiciones establecidas para obtener la residencia las personas que se hayan trasladado a suelo británico durante 2021.
Personas vulnerables
A pesar de las buenas palabras del Gobierno de Johnson, son varias las asociaciones y los expertos que han señalado los problemas potenciales de un proceso de regularización de dimensiones históricas que, a la fuerza, no puede haber previsto todas las excepciones. Se calcula en más de 100.000 las personas vulnerables que podrían haber quedado fuera del sistema: ciudadanos sin hogar, con problemas de salud mental, o mayores que llevan décadas residiendo en el Reino Unido y no han considerado que debían actualizar su situación.
La ley exige además a los arrendatarios o a los empleadores que comprueben si sus inquilinos o trabajadores se hallan en situación de residencia legal.
