Felipe González ha comparado en más de una ocasión a los exmandatarios con jarrones chinos en un apartamento pequeño, por ser un “objeto de valor que nadie sabe dónde poner”, y David Cameron parece empeñado en hacer valer la metáfora. Las lucrativas actividades del exprimer ministro británico desde su salida del número 10 de Downing Street han reabierto el debate sobre la delgada línea roja que separa el derecho de los gobernantes a ganarse el sustento una vez abandonan el poder y el aprovechamiento utilitarista de su influencia, con fines meramente económicos.
El último capítulo de su controvertido contrato con la consultora Greensill Capital se centra en la confesa “buena cantidad de dinero” recibida por su rol como asesor a tiempo parcial para garantizar acceso preferente al Gobierno. En apenas dos años y medio, Cameron obtuvo unos 10 millones de dólares (alrededor de 8,5 millones de euros), una cantidad cincuenta veces superior al equivalente a los 177.000 euros anuales que recibía cuando era jefe del Gobierno y que duplica el sueldo medio de los jefes de las principales empresas que cotizan en la Bolsa de Londres (unos 4,25 millones de euros).
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Las cifras, difundidas por el programa de la BBC Panorama, vuelven a cuestionar el alcance de la presión al Ejecutivo por parte del ex premier, unas suspicacias que lo habían obligado ya a comparecer en una comisión del Parlamento británico en la que los diputados criticaron su “significativa falta de juicio”. Aunque no llegaron a detectar formalmente irregularidades en su proceder, Cameron no tuvo más remedio que admitir públicamente que no debería haber cedido a tentaciones como la de ponerse en contacto directo con altos cargos de la Administración de Boris Johnson, como el ministro de Finanzas, para solicitar su mediación a favor de Greensill.
Paradójicamente, la publicación de sus emolumentos ofrece cierta perspectiva a su tentativa a la desesperada para convencer al Gobierno de incorporar a la consultora a una iniciativa estatal para ofrecer a las empresas líneas de apoyo para lidiar con las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Su mediación fue infructuosa, pero es difícil que el fracaso se debiese a la desidia del exmandatario, que entre el 5 de marzo y el 26 de junio del pasado año mandó 45 correos electrónicos y mensajes de texto y de WhatsApp a la cúpula del Ministerio de Finanzas.
Su círculo dice ahora que la remuneración es una “cuestión privada” e incluso niega que los números revelados por Panorama sean reales, pero parece indiscutible que Cameron tuviese que justificar por qué su contrato a tiempo parcial contenía seis ceros. Nadie en el Reino Unido duda de que su reclutamiento se debió menos a sus talentos como asesor y más a su privilegiado acceso a nombres claves del Gobierno.
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Teniendo en cuenta que la polémica firma del financiero australiano Lex Greensill tuvo que declararse en bancarrota en marzo de este año, dejando 440 despidos y pérdidas potenciales de miles de millones para los inversores, el salario de Cameron suscita recelo e irritación a partes iguales. Por una parte, pone de nuevo el foco en las controvertidas maniobras de presión al Ejecutivo, el conocido como lobbying, una práctica que, según había dicho el propio Cameron cuando residía en Downing Street, sería el próximo escándalo que sacudiría a la política británica.
Pero junto a estas reticencias están también los interrogantes sobre cuánto sabía realmente Cameron acerca de las dificultades económicas que atravesaba Greensill, pese a que él siempre ha mantenido que no era consciente del alcance de su arriesgada exposición a firmas en números rojos que, en última instancia, provocaron su caída.
