Los accionistas de la petrolera angloholandesa Shell han aprobado este viernes en Róterdam el traslado del cuartel general de la empresa a Londres. En la decisión de ser británica a efectos administrativos pesa el hecho de que el Gobierno de Países Bajos —en funciones desde el pasado mes de marzo— haya mantenido el impuesto sobre los dividendos para grandes compañías, una tasa que no tendrá que abonar en el Reino Unido. La mudanza está prevista para principios del año que viene, e implica la pérdida del apelativo Royal Dutch (real holandesa). A finales de 2020, Unilever, fabricante de productos como Dove o Rexona, que tenía una estructura dual similar, tomó la misma decisión. El Ejecutivo holandés se ha mostrado “decepcionado” ante el cambio de sede.
Una vez conocido el resultado de la votación, Marjan van Loon, directora ejecutiva de Shell Nederlands, la rama holandesa de la compañía, ha dicho que el paso dado “fortalecerá la competitividad, simplificará la estructura accionarial y acelerará la transición energética”. El malestar generado en Países Bajos es visto de otro modo en el Reino Unido: allí, el traslado de la petrolera supone un voto de confianza para la City londinense, el corazón financiero del país, después del golpe que supuso el Brexit.
En conversación telefónica, el economista Mathijs Bouman, ve “poco probable que el nuevo Gobierno holandés suprima el impuesto sobre los dividendos”. Sería, dice, muy impopular abolirlo por el gran rechazo social que lleva aparejado. Aunque no habrá pérdidas de puestos de trabajo a corto plazo, “sí queda dañada la imagen de Países Bajos, que puede dejar de ser un centro económico especial y atractivo para firmas de Asia o Estados Unidos dispuestas a abrir sus sedes principales en Europa”. Y aunque Shell Nederlands se mantiene en su tierra, aquí juega también un papel la exigencia de reducir sus emisiones de CO₂. “Una obligación que ha enrarecido algo el ambiente en la propia firma, que suele presentarse como un gran patrón que trabaja para su sociedad”, concluye.
En mayo, la justicia holandesa ordenó a la petrolera una reducción del 45% de sus emisiones de CO₂ en 2030 respecto a las cifras de 2019. Fue un fallo pionero y una victoria para el movimiento ecologista de la mano de Milieudefensie, la rama holandesa de la ONG Amigos de la Tierra, que interpuso la demanda. La energética recurrió la decisión, y subrayó que su salida de Países Bajos no alterará el curso del procedimiento legal. En otras palabras: no eludirá sus responsabilidades porque seguirá activa en suelo holandés “para desarrollar energías renovables”.
Ben van Beurden, director ejecutivo de Shell, que trabajará a partir de ahora desde Londres, reconoce que la marcha es un paso difícil. Pero debe servir, dice, “para acelerar la transformación energética” que esperan liderar. El jueves pasado, la rama británica de la multinacional canceló sus planes de explotación petrolífera frente a las costas de las islas Shetland (Escocia). Consideraba que los posibles retrasos en la extracción no le reportaría beneficios económicos.
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