La multitudinaria manifestación convocada por sindicatos policiales que, el 27 de noviembre de 2021, recorrió Madrid para oponerse a la reforma de la ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, ha tenido nula influencia en la negociación que, en los últimos 10 meses, ha mantenido el PSOE con sus socios parlamentarios para pactar el alcance de la reforma de esta norma aprobada por el PP en 2015. Los agentes centraron entonces sus críticas en siete enmiendas que los socialistas y Unidas Podemos habían presentado y que consideraban lesivas para su actuación.
De ellas, en seis ya hay acuerdo entre los partidos que han participado en esta negociación —además de los dos socios del Gobierno, PNV, ERC, EH Bildu y Junts— para seguir adelante en contra del criterio de los sindicatos policiales, según detallan fuentes conocedoras de los pactos. Y la séptima, la prohibición del uso de las pelotas de goma para reprimir altercados callejeros, aún está en debate. La reforma de la ley reiniciará pasado mañana su trámite parlamentario con una reunión de la ponencia en la que ya participarán PP, Vox y Ciudadanos, los partidos que alentaron aquella manifestación de policías.
Los acuerdos ya alcanzados por el PSOE y sus socios parlamentarios determinan que el artículo 16.2 especificará que el tiempo máximo que la Policía podrá tener en comisaría a una persona para identificarla será de dos horas, y no las seis actuales. Solo en situaciones excepcionales se podrá extender la medida a este último plazo, aunque en ese caso los agentes deberán explicitar de manera “verificable” cuál ha sido la causa. Los policías creen que dos horas es insuficiente.
El texto acordado para este artículo recogerá un segundo punto rechazado por los agentes: la obligación de los policías de, una vez terminada la identificación, devolver al ciudadano al lugar desde el que fue conducido a comisaría cuando sea en una localidad diferente. Los sindicatos policiales denuncian que este añadido les convertirá en “taxistas”.
El acuerdo también modifica el concepto que, hasta ahora, la ley mordaza daba a la presunción de veracidad de los agentes (artículos 19 y 52) y que concedía valor probatorio a su testimonio. Los seis partidos han pactado incluir ahora la exigencia de “lógica, coherencia y razonabilidad” tanto en las declaraciones de los agentes como en los textos de sus actas y atestados para que conserven esa presunción. Los sindicatos policiales creen que estos requisitos pueden dejar sin cobertura legal muchas actuaciones.
Los partidos también tienen un acuerdo cerrado para reformar el artículo 23 y que permita la celebración de manifestaciones sin comunicación previa. El texto pactado determina que no será sancionable este tipo de reuniones provocadas por hechos con repercusión social que justifiquen una manifestación pública “inmediata” por parte de un sector de la sociedad. Los policías se oponen porque creen que, sin preaviso, no podrán organizar un dispositivo de seguridad.
Los agentes también critican que la posesión de sustancias estupefacientes para uso personal (artículo 36) pase de infracción grave a leve (con la consiguiente reducción del importe de las multas) al considerar que supone un aliciente para el tráfico de drogas. Los partidos lo niegan y han acordado ejecutar esta reducción. Además, el pacto también rebaja la sanción en el caso del cultivo de marihuana en lugares visibles, como balcones. Solo será sancionable, y como falta leve, cuando las plantas sean accesibles a terceras personas.
El texto también prevé dejar sin sanción la toma y difusión de imágenes de los agentes durante sus actuaciones. Esta modificación viene obligada por la sentencia del Tribunal Constitucional, de enero de 2021, que concluyó que parte del artículo 37.1 era inconstitucional. La propuesta de reforma solo limita la difusión cuando las imágenes afecten al derecho a la intimidad o seguridad de los agentes. Los policías creen, sin embargo, que pese a esa salvedad, se puede vulnerar su vida personal.
Donde aún no hay un acuerdo es en el uso de material antidisturbios y, en concreto, las pelotas de goma (artículo 23). El PSOE es el único que aún defiende mantener este material, aunque con un protocolo que obligue a “utilizar siempre los medios menos lesivos y evitando aquellos que causen lesiones irreparables”. Enfrente se han posicionado ERC, Junts y EH Bildu, que defienden su inmediata prohibición; y el PNV, que aboga por el modelo implantado por el Ejecutivo vasco y que restringe su uso por parte de la Ertzaintza a casos muy excepcionales. Pero también Unidas Podemos, socio de gobierno de los socialistas, que plantea crear una comisión presidida por el Defensor del Pueblo, que estudie “la transición y sustitución” de las pelotas de goma por material menos lesivo. Los policías, por su parte, rechazan recortes en su material antidisturbios.
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