La abogada Arantza Zulueta, principal acusada de pertenecer al bautizado como “frente jurídico” de ETA, ha negado este martes que liderara Halboka. Una estructura creada presuntamente en 2002 para mantener el control y la disciplina interna de los presos de la banda terrorista. Tras 11 años desde su arresto y después de que las defensas trataran de evitar este lunes la celebración de la vista oral. La letrada y otros seis procesados han declarado finalmente este martes en el juicio que acoge la Audiencia Nacional. A lo largo de cuatro horas, todos han rechazado los hechos que les imputan. “Yo no pertenezco a ningún aparato de ETA”, ha insistido Zulueta, para quien el ministerio público pide 19 años de cárcel. Para el resto, entre 7 y 12 años.
Zulueta ya aceptó en 2019 una condena de tres años y medio de prisión por liderar un primer aparato carcelario de ETA, conocido como frente de makos y que, según la Fiscalía, fue precisamente sustituido en 2002 por Halboka —acrónimo en euskera de “Rompiendo las Paredes, Pronto los Luchadores a la Calle”—. Según ha alegado la acusada este martes, hace dos años (con la banda terrorista disuelta). Decidió asumir esa sentencia que declaraba su “pertenencia a ETA en grado de dirigente”. Porque “entendía que era un buen paso para la democracia, la paz y la convivencia”. Dicho fallo concluyó que ella y Jon Enparantza encabezaban el denominado frente de makos. Las defensas intentaron en varias ocasiones que dicho proceso se juzgara de forma conjunta con el de Halboka, pero nunca se aceptó.
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En su escrito de acusación, la Fiscalía mantiene que Halboka constituía una “estructura plenamente integrada en ETA” y que Zulueta, además de liderar ese grupúsculo, “participó en el cobro del impuesto revolucionario”, en la “fijación de objetivos” y prestó ayuda a etarras “para eludir la acción de la justicia”. Según detalla el ministerio público, la dirección de la banda le encargó la elaboración de un informe sobre las medidas de seguridad de la sede de la Audiencia Nacional para poder atentar contra este órgano judicial; además, cuando se le detuvo, se le intervino en el bolso un dispositivo informático con informaciones sobre vehículos “utilizados por potenciales objetivos” de los etarras: como un escolta de María San Gil, expresidenta del PP vasco; y, en el registro de su despacho, en la calle Elcano de Bilbao, la Guardia Civil localizó un pendrive con información sobre zulos de ETA en Francia, donde se encontraron fusiles de asalto, explosivos y munición.
Toda una batería de acusaciones que Zulueta ha negado este martes: “Jamás he participado en ninguna gestión del impuesto revolucionario. Jamás he pasado un objetivo o una información a ETA para que pudiera atentar. No he participado en nada por lo que luego ETA pudiera haber realizado alguna acción armada, alguna acción violenta o algún atentado”, ha dicho la letrada, que ingresó en prisión en septiembre de 2019, donde permaneció hasta febrero de 2020. “Nunca he pasado ninguna comunicación a ETA ni ETA me ha pasado ninguna comunicación para ninguna persona”, ha mantenido. “Jamás he dicho a ETA cómo tiene que actuar ningún detenido. Nunca he captado a una persona para ETA”, se ha defendido ante los magistrados
