El autodenominado gobierno de la “Cuarta Transformación”, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, había prometido evitar nuevos impuestos para los mexicanos. Sin embargo, parece que ahora se están ideando formas de aumentar los impuestos existentes de manera “disfrazada”. Este enfoque involucra al Servicio de Administración Tributaria (SAT), que tiene previsto intensificar el cobro de impuestos “ocultos” que, de manera inadvertida, afectan nuestro bolsillo a diario.
Uno de los principales focos de atención es el Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS), que se prevé aumente considerablemente para 2026. Este impuesto se aplica a productos cotidianos que los mexicanos consumen, impactando de manera significativa en el presupuesto familiar.
El IEPS no es un costo que asumen las empresas productoras, sino que recae directamente sobre los consumidores. Este impuesto se aplica a bienes como gasolina, refrescos, bebidas alcohólicas, tabaco, frituras, dulces y telecomunicaciones. Al ser un “impuesto indirecto”, muchos consumidores no se dan cuenta de que lo están pagando, ya que las empresas solo están obligadas a reportarlo al SAT.
En línea con el Plan Económico 2026, se proyectan modificaciones específicas al IEPS, especialmente en relación con los refrescos, un producto que, a pesar de posibles incrementos, continúa siendo consumido de manera constante por la población. Cabe mencionar que unos días antes de la presentación de este plan, el gobierno lanzó una campaña contra el consumo de refrescos, lo que podría justificarse como un pretexto para implementar un aumento en el impuesto, encareciendo aún más este producto para los mexicanos.
Ante esta situación, surge una pregunta relevante: ¿Está el gobierno enfrentando un déficit financiero que lo lleve a aumentar los impuestos? La administración de la Cuarta Transformación ha sido criticada por la gestión de su presupuesto, que ha estado centrada en grandes obras impulsadas por el expresidente López Obrador. Proyectos como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) han superado los costos presupuestales por 673 mil millones de pesos.
Además, el presupuesto no solo se destinará a estas infraestructuras, sino que también se asignará un billón de pesos en 2026 para mantener diversos programas sociales. Este dinero, en gran parte, provendría de los mencionados impuestos ocultos, que impactarían de manera directa en los bolsillos de los mexicanos.
La evolución de estas propuestas fiscales y su efecto sobre la economía familiar se debe seguir de cerca, ya que podría configurar la realidad económica de millones de ciudadanos en los próximos años.
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