Gloria Alejandro es una estudiante que tiene secuelas de un disparo de la policía cuando participó en las protestas masivas en Lima hace un año, que forzaron al presidente interino Manuel Merino a dimitir tras seis días en el poder. La violencia policial de aquella semana dejó a una treintena de manifestantes con alguna discapacidad, que denuncian que el sistema de salud no ha sido capaz de atenderlos debidamente, ya sea por la pandemia o por deficiencias crónicas. “Tienen que asumir la responsabilidad con nosotros, así renuncien los ministros. Varios heridos han tenido muchos gastos en terapias, medicinas y hasta cirugías”, explicó Alejandro este viernes en una sesión en el Congreso.
La Comisión de Heridos de las protestas de noviembre y de los paros agrarios de diciembre marchó este sábado por el centro de Lima para exigir salud, reparación, justicia y garantías de no repetición, al cumplirse un año de las protestas. Las manifestaciones empezaron la noche del 9 de noviembre del año pasado en la capital, en rechazo a la votación de la mayoría parlamentaria del Congreso que removió del cargo al entonces presidente Martín Vizcarra, quien estaba bajo investigación fiscal por haber recibido sobornos cuando fue gobernador regional. Asumió como mandatario interino el entonces presidente del Congreso, Manuel Merino.
Cientos de miles de personas en todas las regiones salieron a la calle contra lo que consideraron un golpe de Estado, una maniobra ilegítima para que las bancadas que tenían intereses privados coparan el Ejecutivo. “No es mi presidente”, “Fuera Merino” o “Ratas golpistas” eran algunos de los lemas más visibles en los letreros de cartón de esos días. La brutal represión policial dejó en aquellos días unos 200 heridos y dos jóvenes fallecidos, Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes estaban en la primera línea de las protestas el 14 de noviembre.
La fiscal general Zoraida Ávalos presentó a inicios de octubre al Congreso una acusación constitucional contra el ex gobernante interino y miembros de su gabinete, por los delitos cometidos hace un año, pero el Legislativo no la ha tramitado. El padre de Bryan, Óscar Pintado, dijo este viernes que pese a que la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, pertenece al partido político de Merino, espera que no lo blinden y pongan a debate el caso. “Hay enojo y cólera porque los políticos al final solo velan por sus intereses y no por quienes sí lo necesitamos”, añadió la vocera de los heridos, quien sufrió una doble fractura en el pie y tiene problemas para caminar.
Hanns Licera, un estudiante de ingeniería geográfica, es otro de los damnificados. Un policía le destrozó la rodilla con una bala hace un año. Ha gastado su dinero en una cirugía en una clínica privada porque el hospital público que lo atendió lo diagnosticó mal, y ahora necesita una segunda operación. “Estoy gastando un montón de dinero, los ahorros que tenía se esfumaron; las donaciones, también. Yo antes trabajaba, era el sustento para mi familia, mi mamá ha tenido que volver a trabajar, mi vida ha sido un cambio muy fuerte. Veo ahora ese anuncio del Ministerio del Interior (la inspectoría policial archivó la pesquisa interna) y no entiendo cómo los policías pueden ser tan caraduras. Esa investigación presenta demasiadas irregularidades, nosotros somos las huellas de lo que hicieron ellos”, señaló Licera en la sesión convocada por tres congresistas este viernes.
Percy Pérez Shapiama fue uno de los primeros manifestantes en caer herido, el 12 de noviembre. La policía le perforó el vientre con disparos. Lo operaron para reconstruir el intestino delgado pero el intestino grueso no le funciona, desde entonces vive atado a una bolsa. Además, en la cirugía tuvieron que cauterizarle una vena de la pierna, por lo que al caminar se le inflama y siente dolor, explica en una entrevista virtual. Es otro de los voceros de la Comisión de Heridos. “Hanns tuvo que gastar 17.000 soles (más de 4.200 dólares) para operarse: estamos a la espera de que el Estado le reponga ese dinero. En mi caso, no hubo seguimiento del hospital, no hace las cosas como deben ser. No he tenido rehabilitación física, solo una vez por telellamada, ¿de qué estamos hablando?”, denuncia.
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“El Ministerio de Trabajo nos ofreció trabajo, pero no se ha concretado. Varios de los heridos tienen hijos, han dejado de trabajar y todos los gastos salen de su bolsillo. La comisión multisectorial con la que conversábamos se desactivó en junio porque los gobiernos no eran estables. Estamos pidiendo que se vuelva a instalar”, añade.
Carlos Flores fue uno de las decenas de brigadistas voluntarios que actuaron en las protestas en Lima al ver la brutalidad de la policía. Adaptó su auto y el de otro amigo paramédico como ambulancias para dar primeros auxilios y trasladaron a decenas de heridos a los sanatorios cercanos. Al darse cuenta de que la policía acribilló a uno de los jóvenes en la esquina donde trabajaba su brigada de 15 miembros, lamentó no haber podido salvarlo y se comprometió a salvar a otros en su nombre. “Para mí fue duro. Tuve un sentimiento de culpa de no haber estado allí. A los meses de la marcha fue muy importante conocer al papá y mamá de Inti y al papá de Bryan. La doctora Kim le dijo ‘yo estuve con su hijo, no se fue solo, hicimos todo lo que pudimos’”, cuenta emocionado por teléfono. “Le prometimos al papá de Bryan que todo lo que pudiéramos hacer en la brigada sería en nombre de su hijo. En la pandemia hemos ayudado a muchas personas, con traslados o consiguiéndoles oxígeno”, relata.
Por lo pronto, el impacto de las protestas ha llegado a la academia, la literatura y el activismo de fotoperiodistas que piden justicia para las víctimas. El politólogo Eduardo Villanueva publicó el ensayo Rápido, violento y muy cercano. Las movilizaciones de noviembre de 2020 y el futuro de la política digital. Un año después de los acontecimientos, en medio de las demandas de los deudos y los heridos, Villanueva sostiene: “Columna Digital sigue siendo tan injusto como lo fue en noviembre. Lamentablemente, terminada la catarsis no fuimos capaces ni de procesar lo mínimo de sus derechos como ciudadanos”.
El escritor y abogado Tadeo Palacios publicó esta semana una antología de relatos que incluye la pequeña novela Mañana nunca llega, que da nombre al libro. La narración recoge las difíciles experiencias de los jóvenes en las comisarías y la violencia policial, pero también la fuerza de la esfera digital en los hechos de noviembre de 2020. “Pensé la nouvelle como un coro dinámico y lacerante de los diferentes actores del #14N: las y los manifestantes, las víctimas de la brutalidad policiaca, cierta prensa y su afán de criminalizar la protesta, y las fuerzas del orden y su desaforado proceder. Así, la literatura desborda el proyecto estético y resulta, además, un anclaje de la memoria contra el silenciamiento de los testimonios de la violencia (violencia que en el Perú jamás ha cesado)”, asegura.
La Asociación de Fotoperiodistas del Perú ha elaborado el libro digital Héroes del bicentenario. Días de lucha por la democracia en el Perú con 214 fotos de las manifestaciones en Lima y otras regiones. En el lanzamiento, la diseñadora del libro Helen Terrones comentó que no estuvo en las manifestaciones porque tiene dos bebés pequeños, pero participó con los cacerolazos: “Este es un documento que forma parte de la historia: ha marcado un hito de esta generación por la voluntad y la voz que pueden tener”.
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