El Gobierno va a indultar este martes a los nueve líderes independentistas del procés que, en palabras de Pedro Sánchez, “asumieron responsabilidades de sus actos” y fueron juzgados y condenados a prisión. Hay otros cinco dirigentes soberanistas ―entre ellos, el expresident Carles Puigdemont― que se fugaron nada más declarar unilateralmente la independencia en 2017 y siguen huidos de la justicia en Bélgica y Suiza.
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El camino de vuelta para los prófugos sigue siendo lejano, aunque en el horizonte los partidos secesionistas vislumbran ya dos posibilidades que podrían facilitarlo: la reforma del delito de sedición que plantea el Gobierno y la respuesta de la justicia europea a la condena del Tribunal Supremo.
El Consejo de Europa aprobó este lunes una resolución -70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones- en la que insta a España considerar el indulto pero también la posibilidad de poner fin a los procedimientos de extradición en vigor contra Puigdemont y el resto de políticos catalanes huidos de España.
Durante la reciente visita del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a Waterloo (Bélgica), Puigdemont admitió que los indultos no tienen ningún efecto sobre él ni sobre los otros consejeros huidos. Toni Comín y Clara Ponsatí le acompañan como eurodiputados. A ellos hay que sumar al exconsejero de Cultura Lluís Puig (perseguido por malversación), que también se halla en Bélgica, y la número dos de Esquerra, Marta Rovira, huida a Suiza, que debería rendir cuentas por sedición. El caso de Anna Gabriel es diferente porque a ella en principio se la citó a declarar por desobediencia, un delito que no comporta penas de prisión.
La reforma pendiente
Justicia trabaja desde hace meses en una reforma del Código Penal que prevé rebajar a la mitad las penas que ahora conlleva la sedición (de entre 8 y 15 años de cárcel). Jaume Asens, presidente de Unidas Podemos en el Congreso, propuso hace tres años derogar el delito que considera “una antigualla” y sin correspondencia con las legislaciones de otros países de la UE. El PSOE rechaza su propuesta de máximos y por eso él ahora impulsa la reforma.
Esa reforma podría llevar a los huidos, entre ellos Puigdemont, a plantearse la posibilidad de regresar. En el caso de la exconsejera de Cultura Clara Ponsatí ni eso, porque su extradición se reclama solo por sedición. Sería un caso parejo al de Marta Rovira, perseguida por rebelión y que al decaer la sedición quedaría libre. Siempre y cuando no se les imputara también el delito que, en la reforma legal, sustituyera al de sedición para hechos como los del procés: un delito, por ejemplo, de “desobediencia agravada”, que podría comportar también penas de prisión, aunque más bajas.
