El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha dado a conocer el Paquete Económico para 2026, un programa que, en teoría, busca equilibrar las finanzas públicas con las demandas sociales del país. Entre los puntos destacados, se encuentra el incremento del gasto en salud, financiado en gran medida por una mayor recaudación fiscal. Un elemento central en este plan son los llamados “impuestos saludables”, que implican un aumento en los Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios (IEPS) para productos como cigarros, refrescos y videojuegos con contenido violento. Según la Secretaría de Hacienda, se estima que estas medidas generarán alrededor de 41,000 millones de pesos adicionales, destinados a fortalecer el sector salud.
Las proyecciones indican que el gasto total en salud para 2026 ascenderá a 996,528 millones de pesos, lo que representa un incremento de 55,551.43 millones en comparación con los 940,976 millones de pesos del 2025, reflejando un aumento del 5.9%. A primera vista, este desarrollo parece positivo, especialmente si se considera que el sector salud experimentó recortes significativos durante el inicio de esta administración. Sin embargo, este aumento aún dista de las recomendaciones internacionales; la Organización Mundial de la Salud sugiere que al menos el 6% del PIB debe destinarse a salud, mientras México se queda corto en 3.4 puntos porcentuales.
Es vital destacar que el aumento en el gasto no se distribuye equitativamente. Una parte considerable de estos recursos adicionales se destinará al IMSS, que verá un incremento del 11% en su presupuesto, lo que equivale a 58,000 millones de pesos. Esto plantea interrogantes sobre las prioridades del Gobierno, especialmente considerando que los grupos más vulnerables, como los que carecen de seguridad social, no recibirán el apoyo necesario. Para 2026, se proyecta que solo 3 de cada 10 pesos en salud vayan a la población no asegurada, mientras que 7 de cada 10 se concentrarán en los asegurados, lo que contradice el discurso oficial de equidad.
Además, otros institutos de seguridad social, como el ISSSTE y Pemex, también enfrentarán recortes, lo que sugiere un enfoque deliberado hacia el IMSS en detrimento de otros sectores. La Secretaría de Salud, misma que ha sufrido recortes significativos en años anteriores, verá una reducción adicional de 2,229 millones de pesos, o un 3.2% menos, lo que plantea dudas sobre la estrategia del Gobierno en términos de atención y distribución de recursos.
A pesar de algunas incrementos modestos en programas específicos, como el IMSS Bienestar y el programa Salud Casa por Casa, que aumentará notablemente, estos esfuerzos parecen insuficientes para abordar las apremiantes necesidades de la población más vulnerable, que incluye a millones de adultos mayores y personas con discapacidad.
En resumen, el presupuesto para el año 2026 sugiere un intento de fortalecer el sistema de salud del país, financiado principalmente por impuestos sobre productos como refrescos y cigarros. Sin embargo, la concentración de recursos en el IMSS y el recorte a áreas críticas podrían perpetuar las desigualdades existentes en el acceso a servicios de salud. De cara al futuro, será necesario un enfoque más integral en la gestión de recursos públicos, que no solo dependa de la recaudación por IEPS, si es que realmente se busca avanzar en la cobertura y atención sanitarias del país.
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