Los negocios privados de Enrique Arnaldo, candidato propuesto por el PP para ocupar un sillón de magistrado en el Tribunal Constitucional, cuestionan su idoneidad para el cargo. La empresa Estudios Jurídicos y Procesales, un bufete de abogados que era propiedad del jurista, ha facturado trabajos para administraciones gobernadas por los populares por 979.000 euros, según información de la Agencia Tributaria incluida en el sumario del caso Palma Arena. Esos trabajos, adelantados este jueves por la Cadena SER, aparecen detallados en un informe de Hacienda con el que el juez balear José Castro pretendía determinar si el expresidente balear Jaume Matas amañó un contrato de la empresa de estudios jurídicos.
El informe de Hacienda detalla una serie de contrataciones realizadas entre 2003 y 2008 y concluye que la mayor parte de la contratación pública de Arnaldo fue por administraciones del PP, entre las que figuran por ejemplo, la Generalitat valenciana, el Ayuntamiento de Málaga o la Comunidad de Madrid. La empresa de Arnaldo también trabajó con Aena, los ministerios de Trabajo y Medio Ambiente durante el último Gobierno de José María Aznar. Arnaldo se ha mostrado “sorprendido” por las cifras del informe de la Agencia Tributaria, y ha afirmado, en declaraciones a la Cadena SER, que nunca ha militado “en ningún partido” y que no se siente vinculado a administración alguna.
Enrique Arnaldo, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, sonaba desde hace una década para ocupar una plaza del Tribunal Constitucional, adonde llega ahora a propuesta del PP. En 1996 fue aupado por esta misma formación como vocal del Consejo General del Poder Judicial. Con un extenso currículum —”los que nos dedicamos al mundo académico tenemos que adornar y abultar para que nos reconozcan los quinquenios”, bromeaba en una conferencia—, este jurista se ha mostrado muy crítico con el procés y se ha movido mucho en círculos cercanos al partido conservador.
Arnaldo es un asiduo colaborador de FAES, la fundación encabezada por José María Aznar y que marca la línea de pensamiento más dura de los populares. Asumió la defensa de Enrique López, actual secretario de Justicia del PP y consejero del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, tras ser detenido por conducir ebrio. Y el nombre del jurista, además, aparece en dos de los sumarios sobre causas de corrupción vinculadas a los populares: no solo el bautizado como caso Palma Arena, sino también en el caso Lezo, la trama que tiene como epicentro al expresidente madrileño Ignacio González.
A finales de 2016, solo unos meses antes de que González fuese arrestado, la Guardia Civil interceptó una llamada del expresidente y el catedrático donde comentaban “los nuevos nombramientos en el seno del Ministerio de Justicia y la supuesta influencia que Arnaldo tendría al respecto”. “Estarás ahí moviéndote como corresponde”, le dice González sobre posibles cambios en la cúpula de la Fiscalía General del Estado. “Estoy moviéndome para que el nuevo que sustituya a esta señora [en referencia a la ex fiscal general Concepción Madrigal] sea bueno”, responde el exvocal del Poder Judicial, que también le dice: “Si yo tuviera algún [conocimiento] nuevo, te llamaría en seguida”.
En otra conversación intervenida a González, en este caso del expresidente madrileño con el exministro Eduardo Zaplana también investigado por corrupción, ambos charlan sobre cómo maniobrar a su favor en la judicatura y mencionan directamente al ahora elegido para el Constitucional: “¿En ese círculo sabes quién se mueve todo el puto día y enreda? No sé con que grado de influencia, pero Enrique López más Enrique Arnaldo”, sentencia Ignacio González, que incluye en el grupo a Pedro González Trevijano, exrector de la Universidad Rey Juan Carlos, actual magistrado del Constitucional a propuesta del PP y uno de los que tiene más papeletas para presidir ahora el tribunal de garantías.
Extracto del informe de la Agencia Tributaria, si no puede leerlo pinche aquí.
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