Mohamed Sabagh nació hace 70 años en Jerusalén. Sus padres habían llegado entonces desde Gaza, adonde huyeron en barco ante el avance de las tropas de Israel, que acababa de nacer en 1948, sobre la ciudad palestina de Jaffa, hoy absorbida como suburbio de Tel Aviv. “Luego fueron en camello hasta Hebrón porque los soldados no les permitían usar los vehículos”, rememora entre limoneros y palmeras en su casa del barrio de Sheij Yarrah de Jerusalén Este, donde su familia acabó afincándose.
“Salieron con lo puesto. Dejaron todo atrás, hasta las llaves de la casa”, explica mientras muestra la fotografía del edificio del distrito El Ayami, hoy ocupado por familias israelíes, con vistas al puerto de Jafa, uno de los más antiguos de Tierra Santa. Sus abuelos tenían otra casa más en la ciudad costera y tierras de cultivo en un pueblo cercano.
“Mi padre siempre me hablaba del mar, del aroma a azahar, y entonces mi madre se echaba a llorar”, evoca entre los patios y jardines de Sheij Yarrah. “Ella decía que tenían buena relación con los vecinos judíos, que no entendía por qué tuvieron que marcharse sin nada”, sigue el hilo de los recuerdos, mientras repasa fotos familiares de antes y después de la Nakba (desastre, en árabe), el éxodo de cientos de miles de civiles de sus tierras y propiedades tras el nacimiento del Estado de Israel, que se conmemoraba este sábado.
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La familia se instaló finalmente en una de las decenas de casitas construidas en Jerusalén por Naciones Unidas en los años cincuenta para acoger a los refugiados palestinos. El contable jubilado Sabagh —casado y con siete hijos— trabajó durante casi toda su vida en las oficinas del hospital Makased, que se alza en las faldas del Monte de los Olivos. Ahora encabeza la lucha de todo un clan —que incluye a las familias de sus cuatro hermanos, con los que convive en el mismo inmueble— para defender sus viviendas de la amenaza de desahucio. Una organización de colonos judíos llevó hasta los tribunales la demanda tras hacerse con títulos de propiedad anteriores al Estado de Israel, que ocupó la parte oriental de Jerusalén en la guerra de 1967.
“No quiero que me ocurra como a mi padre”, expresa el temor de las decenas de familias. “Yo me quiero morir en mi casa”. El de Sabagh y otros siete edificios ya han recibido sentencia firme de desahucio del Tribunal Supremo. Ahora pugnan por congelar y cancelar la ejecución del fallo, que sigue pendiente.
En un paso inesperado, el Supremo aplazó el pasado lunes la vista para desahuciar a otras seis familias, ante la ola de protestas contra la expulsión de los palestinos de Sheij Yarrah. La batalla legal que libra este barrio desde hace décadas se ha convertido en emblema de la permanencia de los palestinos en su tierra tras una historia de desposesión.
En el edificio del clan Sabagh, que se ha ido expandiendo en altura y superficie a lo largo de siete décadas, viven una decena de niños de entre 12 años y escasos meses. “No duermen. Tienen mucho miedo. Tenemos enfrentamientos con los colonos las 24 horas. Algunos de ellos ya viven a mi lado, en una casa desalojada”, expresa para reflejar los temores de su vida cotidiana.
La policía de fronteras (cuerpo militarizado) ha sellado los accesos al barrio que ahora parece un gueto. Solo permite el paso a la prensa acreditada, y no sin restricciones. Un grupo de jóvenes colonos no residentes apedrea a un retén policial, cuyos agentes salen corriendo tras ellos para evitar que se enfrenten a los jóvenes palestinos que ya se están preparando para una manifestación de solidaridad con los vecinos.
“La violencia es una constante en las últimas semanas”, reconoce Bassem Sabagh, de 64 años, hermano de Mohamed. Ambos se encuentran a la entrada de su casa cuando pasa a su lado un colono que, sin mediar palabra, les insulta.
— “Sois basura”, espeta tras observar al fotógrafo y al reportero que les acompañan.
—”Tú eres mucho peor”, responden al unísono los hermanos.
La amenaza de desahucio que pesa sobre las familias palestinas que habitan en este distrito situado al norte de la Ciudad Vieja exacerbó los enfrentamientos entre manifestantes y policías que se registraron en Jerusalén al final de Ramadán, hace una semana. En lo que denuncian como un doble rasero legal, las familias que pueden ser desalojadas no pueden reclamar sus propiedades —declaradas vacantes por la ausencia de sus titulares durante más de tres años— en territorio que hoy forma parte del Estado de Israel. Sin embargo, tras la anexión de la parte oriental de la Ciudad Santa, la ley israelí sí permite a los judíos recuperar sus antiguas posesiones.
Dos fundaciones religiosas judías, una askenazí y otra sefardí, adquirieron a finales del siglo XIX los terrenos situados en torno a la tumba de Simón el Justo, un sumo sacerdote judío de la antigüedad. Tras recuperar formalmente la propiedad en 1967, la cedieron a las asociaciones de colonos de extrema derecha que ahora intentan desahuciar a los palestinos.
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