Puede que de las escuelas estén saliendo los alumnos mejor formados de la historia de Portugal, pero eso no significa que sus profesores sean los mejor tratados. La extrema movilidad, la desmotivación y los bajos salarios son algunas de las causas que han sacado a la calle a miles de docentes, que se manifestaron este sábado en Lisboa llegados de diferentes partes del país. El Sindicato de Todos los Profesionales de la Educación (Stop), que convocó la marcha, aseguró que se habían superado las 100.000 personas, mientras que la policía rebajó la asistencia a menos de 40.000. En cualquier caso, una protesta concurrida que llenó durante cinco horas el centro de la capital portuguesa. A su éxito contribuyó el ministro de Educación, João Costa, que insinuó un día antes que las últimas huelgas celebradas, que han provocado el cierre de numerosas escuelas en todo Columna Digital, podían ser ilegales. Sus declaraciones enardecieron aún más al colectivo.
Las principales quejas tienen que ver con bajos salarios y alta inestabilidad. En Portugal, el sueldo mínimo es de 20.439 euros en cualquier etapa educativa no universitaria, frente a los 27.993 (infantil) y 31.300 (ESO) en España, según un estudio comparativo del sindicato UGT. Pero también con el sistema de contratación, la movilidad geográfica, la falta de progresión en la carrera y la degradación tanto de sus condiciones de trabajo como de su proyección social. El propio primer ministro, António Costa, reconoció como un problema grave que muchos profesores vivan con la casa a cuestas, yendo y viniendo de un extremo a otro del país en cada curso. “Quien está 15 años en precario no es un recurso eventual, es un recurso para una necesidad permanente y esa necesidad permanente se tiene que traducir en un contrato estable”, admitió Costa durante un acto del Partido Socialista celebrado este fin de semana. El Ministerio de Educación está barajando ofrecer una estabilidad definitiva a partir de los tres años de contrato provisional. Esta será una de las medidas que llevarán a las próximas rondas de negociación, previstas para este miércoles y el viernes.
En la actualidad, la estabilización laboral de un profesor puede tardar hasta décadas. Además, los docentes no se han recuperado de los hachazos que sufrieron durante los peores años de la troika, que impuso recortes salvajes cuando Portugal tuvo que ser rescatado en 2011 por la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo con 78.000 millones de euros. Al malestar acumulado durante años se ha sumado recientemente el temor de que el Gobierno estuviese planeando dejar en manos de organismos locales la contratación de profesores, aunque esto ha sido desmentido por Educación.
El rechazo a las propuestas del Gobierno es común a todos los sindicatos que, sin embargo, están protestando de forma dividida. En paralelo se están desarrollando tres tipos de acciones distintas, que van de la huelga contra la sobrecarga laboral de la Federación Nacional de Profesores a paros parciales del Sindicato Independiente de Profesores y Educadores. Es, no obstante, la huelga indefinida convocada por Stop, que organizó la marcha del sábado, la que ha suscitado las dudas del Gobierno y del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, sobre su encaje jurídico porque se celebra en horas variables con la intención de que tenga el mayor impacto en la escuela con el menor coste para los profesores.
Cierre de centros
El Ministerio de Educación ha solicitado un dictamen a la Procuradoría General de la República sobre su legalidad. “Lo que está ocurriendo es que se hace huelga un día a una hora y al siguiente día en otra distinta. En nuestra opinión, esto no respeta los principios básicos de lo que debe ser una huelga”, criticó el ministro de Educación, João Costa, la semana pasada. “Es fundamental tener una aclaración rápida de lo que es legal o no y también si es posible que haya o no servicios mínimos”, señaló Rebelo de Sousa. La Confederación de Asociaciones de Padres reclama que se decreten servicios mínimos que impidan el cierre de los centros para evitar el impacto que la huelga está teniendo en las familias, que deben hacerse cargo de sus hijos durante sus jornadas laborales.
El cierre se está produciendo en aquellos colegios donde, además de los profesores, se suman a los paros el personal de apoyo, a los que el sindicato Stop también coloca en el centro de sus demandas. Esta organización reclama un aumento de 120 euros al mes para todos los empleados del sector educativo, sean o no docentes. “Es impensable que continuemos viviendo con nuestros reducidos salarios. Queremos vivir con dignidad, ser felices ahora”, proclamó al final de la marcha de Lisboa el coordinador nacional de Stop, André Pestana, un profesor que enlaza contratos desde hace 21 años.
Aunque no hay cifras sobre el número de colegios que han cerrado en las últimas semanas, sí se ofrecieron sobre la jornada de ayer, cuando comenzó otra protesta distinta, convocada por ocho organizaciones sindicales, que contempla un día de huelga en cada uno de los 18 distritos de Portugal. En total cerraron 32 centros del distrito de Lisboa, donde comenzó esta protesta que concluirá el 8 de febrero en Oporto.
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