La alcaldesa popular de Motril, Luisa García Chamorro, ha reconocido haber recibido 4.000 euros de su grupo municipal para abonar indemnizaciones y pagos a los que tenía que hacer frente tras una condena por un delito de injurias. Columna Digital ha tenido acceso a unos documentos puestos en circulación de manera anónima estos días en los que, además de cartas denunciando los hechos a diferentes representantes del PP provincial y motrileño, se incluyen dos justificantes de transacciones bancarias.
Estos reflejan dos pagos de 2.000 euros cada uno desde la cuenta bancaria del grupo municipal del Partido Popular de Motril a la cuenta personal de Luisa M. García Chamorro. En el apartado de concepto, los documentos utilizan el término “indemnización”. García Chamorro fue condenada en 2019 a pagar una multa de 1.080 euros por un delito de injurias así como al pago de las costas judiciales de parte del proceso.
La alcaldesa ha dado validez a esos documentos tras anunciar esta misma mañana que se iba a querellar contra quien los había hecho circular. Sobre las transferencias que recogen, García Chamorro ha explicado que la opción elegida era la más rápida. “Llegó de un día para otro, hubo un intento de embargo de mis cuentas y se decidió que eso era lo más ágil”, ha dicho. Chamorro, que entonces era concejala, ha explicado que “dentro de los gastos que taxativamente dice la ley que no se pueden justificar en las asignaciones municipales están contratar a personal para la sede y hacer inversiones.
Por lo demás, hay un apartado que sí permite gastos jurídicos y que no es la primera vez que se hace”. La alcaldesa ha indicado que en la pasada legislatura se usó dinero del grupo como gasto jurídico para que una concejala popular interpusiera una denuncia contra una concejala socialista. “Estoy tranquilísima porque todo se ha hecho con el conocimiento de la asesoría jurídica”, ha dicho.
La dirección provincial del PP no ha querido hacer comentarios sobre estos hechos. “Si ella ya se ha explicado, no vamos a entrar en nada más. Ni pinchamos ni cortamos. Es cuestión de ella”, ha indicado un portavoz. Desde la sede provincial confirman, además, que no van a investigar lo ocurrido. Aseguran además que la dirección provincial se ha enterado de los hechos por las informaciones de prensa.
Fuentes del PP creen que la filtración de los documentos puede provenir del llamado fuego amigo, ya que han ocurrido apenas un par de días antes de que Luisa García Chamorro se convierta, previsiblemente, en presidenta de la formación popular en su ciudad. Este viernes y tras 20 años en el cargo, el parlamentario Carlos Rojas deja la presidencia local del PP y la actual alcaldesa es la única que ha conseguido los avales necesarios para optar al puesto. Enfrente tiene a Manuela Santiago, exconcejala y públicamente contraria a la dirección provincial y local del partido. Santiago se ha mostrado crítica en las redes sociales sobre la situación de su partido en Motril. Para ella, los populares de esta localidad “viven situaciones que recuerdan formas de épocas pasadas” y ha denunciado la falta de autocrítica. La alcaldesa de Motril ha reconocido que todo esto surge de quienes no la quieren como presidenta del partido en su ciudad.
García Chamorro fue condenada por injurias por unas declaraciones que hizo en noviembre de 2011 sobre José Luis Hernández, recién salido entonces de la dirección de Visogsa, una empresa provincial de Vivienda, Suelo y Equipamientos dependiente de la Diputación Provincial. La entonces concejala convocó una conferencia de prensa para hablar de él en la que, según cuenta Hernández, lo acusó de “haber sido un gerente nefasto y haber abusado del dinero público para fines particulares”. Lo culpó también, explica el ex director gerente de la empresa pública de vivienda, de utilizar la tarjeta de crédito Visa Oro de la empresa para viajes internacionales, comidas en los mejores restaurantes y otros gastos similares.
Hernández presentó una querella y tras años de idas y vueltas del juzgado a la Audiencia Provincial, la investigación reconoció que las acusaciones vertidas contra él eran falsas y que, por tanto, García Chamorro había faltado a la verdad. La Audiencia la condenó por injurias, lo que llevaba aparejado el pago de esos 1.080 euros a Hernández, entonces en el PSOE, así como de las costas de la segunda instancia. Esto, cuenta ahora Hernández, se saldó con el pago de 2.000 euros, la mitad de los gastos en los que incurrió el injuriado, a finales de 2019, muy poco después de las transferencias del grupo popular municipal a la cuenta de la ahora alcaldesa.
Hernández estima en bastante más el coste para la alcaldesa del pleito. Según él, García Chamorro, que llegó a recurrir al Supremo, tuvo que afrontar además de los pagos a él y al juzgado, el coste de la publicación de las sentencias en diversos medios locales, escritos y radiofónicos. “Han sido nueve años de pleito dando vueltas en los juzgados”, recuerda, “y eso no es barato”.
