Jordi Arias Fernández, alias Lupin, vivió en la noche del pasado sábado 8 de enero su última juerga en libertad. Al menos por ahora. Este leonés de 25 años pasó toda la madrugada con amigos en un reservado de la discoteca Shoko, en el centro de Madrid. A la salida, le esperaba la Policía Nacional para detenerlo y llevarle ante el juez por orden judicial. Un cliente del establecimiento lo había reconocido porque había visto su cara recientemente en un programa de televisión que detalló sus andanzas y avisó a los agentes. Así volvió a caer el considerado como mayor ciberestafador de España, que presuntamente llegó a embolsarse hasta 300.000 euros al mes con sus ventas fraudulentas por internet. A la Guardia Civil le constan hasta 400 denuncias en toda España que ahora investiga en una sola causa el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, según detallan fuentes cercanas a esa investigación, que sigue abierta.
Cuando le detuvieron, Lupin llevaba 12.000 euros en efectivo. Mantenía el alto nivel de vida en el que se había instalado desde que hace al menos cinco años comenzara supuestamente con sus ventas falsas de productos electrónicos a través de páginas web. El reservado en el que vivió su última fiesta cuesta un mínimo de 300 euros. Cuando le pusieron las esposas, inmediatamente solicitó el habeas corpus, una figura jurídica por la que pedía comparecer ante el juez de manera inmediata para que este determinara si la detención era legal. Lo era. La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Madrid, en aquel momento de guardia, constató que sobre él pesaban nueve reclamaciones judiciales por supuestos delitos de estafa emitidas por juzgados de Ponferrada (León), Elche (Alicante), Guadalajara, Albacete, Cádiz y Madrid, además de una orden de ingreso en prisión.
Hasta 2017, Lupin acumulaba al menos 22 condenas, pero todas ellas eran por delitos leves, que no le obligaron a ingresar en prisión para cumplirlas. Eso cambio en 2020, cuando la Audiencia Provincial de León dio el primer paso para que fuera encarcelado al ratificar una sentencia de septiembre del año anterior de un juzgado de Ponferrada que le condenaba a dos años de cárcel por gastar casi 7.000 euros con la tarjeta de crédito de la que entonces era su compañera de piso. En octubre de 2019, otro fallo del mismo órgano judicial le había impuesto una pena idéntica por haber pagado con billetes falsos de 20 y 50 euros en comercios de Ponferrada. Estos hechos se remontan a 2014, cuando Arias contaba 17 años. En la vista por esta causa, reconoció que pasó todo un día tratando de colar estos billetes en diversos establecimientos con un amigo, sin éxito. En aquel juicio, también contó que vivía en un centro de menores. Según apuntan fuentes policiales, la causa que ha provocado el reciente ingreso en prisión del considerado mayor ciberestafador de España fue la ratificación de la condena por sisar 7.000 euros a su compañera de piso.
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