Estremecido todavía por la repercusión de las históricas protestas del 11 y 12 de julio en diversas ciudades y pueblos del país, el Gobierno cubano convirtió este jueves el aniversario del maleconazo en una fecha patriótica para escenificar el apoyo de decenas de miles de personas, que participaron en marchas, mítines, conciertos y diversas actividades festivas organizadas por la Unión de Jóvenes Comunistas en el paseo marítimo de La Habana, y también en diversos parques y plazas de la capital. Aunque la pandemia está desbocada en la isla y los contagios y fallecidos crecen por días –el miércoles fueron 8.399 los casos positivos y 93 las personas que murieron por covid-19–, las autoridades decidieron apostar por un gran acto de reafirmación revolucionaria a la vieja usanza. Una muestra de hasta qué punto ha sido profunda la sacudida del 11-J y la necesidad de desagravio.
Mas información
Pese al riesgo sanitario, la conmemoración oficial multitudinaria del 27 aniversario del maleconazo, las que hasta este año eran las mayores protestas contra el Gobierno en la historia de la revolución, en absoluto era gratuita. “Algunos esperaban que la gente se lanzara hoy a lo loco a las calles, pero ya ven, aquí quien estamos somos los revolucionarios defendiendo nuestro país”, dijo el coordinador general de los Comités de Defensa de la Revolución, Gerardo Hernández, que participó en una de las caravanas que recorrieron el malecón.
Mientras en esta avenida y en el paseo del Prado -escenario de las manifestaciones del 5 de agosto- la multitud convocada por las autoridades tomaba la calle, el presidente del país, Miguel Díaz-Canel- se reunía en la Universidad de La Habana con una representación de jóvenes estudiantes. “A nuestros jóvenes hay que escucharlos como las más importantes personas que son”, escribió Díaz-Canel en su cuenta de Twitter. En las protestas del 11-J, los jóvenes fueron un factor clave, tanto por ser la mayoría de los manifestantes y de los detenidos como por su papel en amplificar los sucesos a través de las redes sociales, y desde hace días hay una voluntad oficial evidente de hacer gestos hacia ellos. Pero de momento, son solo eso, gestos, pues no se han abierto espacios de participación más allá de los que ya existían.
Mas información
Sigue sin saberse la cifra oficial de detenidos durante las protestas del mes pasado. Diversas fuentes informan que pueden ser más de 700, en su mayoría jóvenes. Decenas de personas han sido puestas en libertad con medidas cautelares de arresto domiciliario en espera de la celebración de juicio. Pero muchos siguen bajo arresto, denuncian las familias. Según fuentes del Tribunal Supremo, hasta el momento han sido juzgadas 62 personas. La mayoría acusadas de desorden público y otros por resistencia, desacato e instigación a delinquir. En todos los casos la pena máxima es de un año de cárcel.
Cada vez son más las voces que demandan que no se juzgue a nadie que no participara en hechos violentos. Y la Fiscalía General ha admitido que se han presentado numerosas quejas por diversos motivos, entre ellas por “el desconocimiento del lugar donde se encuentran detenidos sus familiares o amistades”, “la inconformidad con el lugar donde se encuentra detenido”, así como “la solicitud de información sobre los términos de la detención y los derechos de los acusados”. Según Dixán Fuentes Guzmán, fiscal jefe de la dirección de Atención a los Ciudadanos de la Fiscalía General, también se han mostrado inconformidades “con la detención, pues se esgrime que la presencia en el lugar no motivó ningún hecho delictivo”, y se ha cuestionado “la detención de personas que estaban grabando [con sus teléfonos móviles], y que no estaban realizando ningún acto delictivo”.
Mas información
Las consecuencias de la sacudida provocada por las inéditas protestas del 11-J están por ver. Pero parece claro que el Gobierno acelerará la introducción de reformas económicas largamente esperadas, como la autorización de las pequeñas y medianas empresas.
Diversos economistas han solicitado esta y otras medidas aperturistas desde hace tiempo, pero las autoridades han retrasado su introducción sin explicar la razón. Ahora parece que es el momento. “Este es un cambio urgente que necesita la economía cubana. Hay que esperar a ver las normas para tener una claridad en los detalles pequeños, que suelen ser los decisivos en Cuba”, señala Díaz. No obstante, añade, “sin haber visto la norma se puede afirmar que será una transformación sin precedentes en la economía nacional. Aún y cuando el contexto es sumamente adverso, será un espacio que aprovecharán muchos cubanos”.
