La inseguridad alimentaria afecta a niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Además de ser una cuestión de derechos de la infancia, es también una problemática de salud pública. De hecho, la inseguridad alimentaria es un factor de riesgo para la salud física (anemia, retraso en el desarrollo, obesidad), psicosocial (peor rendimiento escolar) y emocional (baja autoestima).
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A escala mundial, el último informe realizado por cinco agencias de Naciones Unidas estima que el 30% de la población mundial sufrió inseguridad alimentaria en 2020. Aunque la pandemia de covid-19 haya empeorado la situación, también se advierte seriamente de que la tendencia ya era preocupante: la inseguridad alimentaria lleva aumentando desde 2014 ̶ año desde el cual la FAO monitoriza esta problemática. Las previsiones del informe para los próximos años tampoco son buenas, y eso que el compromiso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible era erradicar el hambre para 2030. Según se resume en el informe: “No vamos por buen camino para acabar con el hambre y la malnutrición en el mundo; de hecho, vamos en la dirección equivocada”.
Aunque parezca que la inseguridad alimentaria afecta solo a las regiones más vulnerables, golpea a un 12% de los hogares con menores en España
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Aunque parezca que la inseguridad alimentaria afecta solamente a las regiones más vulnerables del planeta, es un problema que golpea a un 12% de los hogares con menores de 15 años en España. Según datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida, un 5,5% de los hogares no pudieron permitirse una comida de carne, pollo, o pescado al menos cada dos días en 2020 (frente a un 3,7% en 2019). Como también señala esta encuesta, la tasa de riesgo de pobreza es mayor en los hogares con menores a cargo.
Todas estas cifras dibujan una situación precaria donde acceder a una dieta saludable supone un problema mucho más generalizado de lo que pudiera pensarse. Sin embargo, ninguno de los estudios nacionales sobre alimentación (la Encuesta Nacional de Salud en España, el estudio ALADINO, o el estudio PASOS) recoge datos como para indicar los niveles de inseguridad alimentaria en la población infantil y adolescente.
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Por otro lado, la utilización de promedios vuelve muchas veces invisible a los niños y niñas más vulnerables. Un estudio realizado en Cataluña entre la población adolescente reveló que un 18,3% vivía en hogares con algún tipo de inseguridad alimentaria. En 2017, el Ayuntamiento de Madrid realizó un estudio para conocer el estado nutricional de la población infantil, entre 3 y 12 años, escolarizada en la ciudad. A nivel global se obtuvieron estimaciones muy similares: un 17,9% de los niños y niñas sufría inseguridad alimentaria en el hogar. Sin embargo, esta encuesta reveló también una marcada línea de desigualdad entre los distritos de mayor y menor renta: solo un 8,3% de los niños/as de Retiro, Salamanca, Chamartín, Chamberí y Barajas sufría inseguridad alimentaria frente al 25,1% de los niños/as de Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas y Villaverde.
Solo un 8% de los niños de Retiro y Salamanca sufría inseguridad alimentaria, frente al 25% de los de Carabanchel y Puente de Vallecas
En nuestro contexto es obvio que la inseguridad alimentaria es una cuestión de desigualdad social, que continúa aumentando. Ante la falta de recursos en el hogar, padres y madres tienen que recurrir a productos más baratos, de baja calidad nutricional, poco o nada saludables: el caldo de cultivo perfecto para la aparición de enfermedades cardiovasculares, obesidad, o diabetes en la edad adulta. Comer bien cuesta, y a muchas familias les cuesta mucho más.
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La buena noticia es que hay medidas que pueden tomarse para paliar la situación de inseguridad alimentaria entre las personas más vulnerables. Sin embargo, escasean las ayudas sociales y la voluntad política. De hecho, durante el cierre de los centros educativos por la pandemia, muchos niños y niñas que dependían de los comedores escolares para mantener su nutrición han pasado hambre.
Algunas medidas sociales, como las adoptadas desde la Comunidad de Madrid, tampoco ayudan a mitigar el problema. Así, los hogares en situación de inseguridad alimentaria se ven abocados a acudir a bancos de alimentos ̶ principalmente gestionados por entidades religiosas y voluntariados varios ̶ que mayoritariamente ofrecen alimentos no perecederos ante las trabas de logística y conservación de los productos frescos. Según datos de la Federación Española de Bancos de Alimentos, la demanda se incrementó en un 50% en 2020.
