Cientos de agricultores y camioneros llevaron a cabo un bloqueo significativo en el lado mexicano del Puente Internacional Zaragoza, la mañana del lunes 25 de noviembre de 2025. Este puente, que conecta Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas, es crucial para el comercio entre México y Estados Unidos, ya que aproximadamente el 70% de las mercancías cruzan a través de puntos como este.
La movilización es parte de un paro nacional de campesinos que protestan contra reformas a la Ley General de Aguas, impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas reformas buscan restringir la venta y transmisión de títulos de concesión de agua entre particulares, un cambio que ha generado temor entre los agricultores. “No queremos que el agua la acaparen ellos (el gobierno) y que hagan lo que les dé la gana con los permisos”, declaró Gerardo Fierro, uno de los manifestantes.
Además de bloquear el puente, los trabajadores agrícolas también tomaron las oficinas administrativas de aduanas en Ciudad Juárez, intensificando su protesta. Fierro y otros agricultores argumentan que estas nuevas regulaciones podrían impedirles ofrecer sus concesiones de agua al vender sus terrenos, una medida que ven como un riesgo a sus derechos y fuentes de ingreso.
Javier Jurado, presidente de Agrodinámica Nacional, añadió que el gobierno de Sheinbaum busca “secuestrar” el agua, dejando a los agricultores en una posición vulnerable. En respuesta a las movilizaciones, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, minimizó la situación, afirmando que no hay motivos válidos para las protestas, sugiriendo que son motivadas por intereses políticos.
Los bloqueos, que se replicaron en al menos 16 estados del país, no solo reflejan el descontento por las reformas a la ley del agua, sino también por la creciente violencia que enfrentan los camioneros en las carreteras. Esta situación ha puesto de relieve las tensiones sociales y económicas que afectan a sectores vitales de la población.
La lucha de los agricultores por la defensa de sus derechos se intensifica en un contexto donde las decisiones gubernamentales sobre recursos vitales como el agua tienen un impacto directo en su capacidad de sustento. A medida que las protestas continúan, la atención se centra en cómo el gobierno responderá a las demandas legítimas de estos grupos.
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