La pandemia extendió mucho más de lo aconsejable un tipo de convivencia política que no suele aportar nada al bien común, y es el cruce gratuito de acusaciones entre administraciones. La afirmación de Isabel Díaz Ayuso de que si no fuera por el Gobierno los madrileños ya estarían vacunados al 100%, como dijo en abril, o las repetidas quejas de algunas comunidades a La Moncloa por imponerles medidas excesivas, como el estado de alarma, y después por quitarlas pudieron animar la política populista de bajo vuelo, pero no el campo de las soluciones ni la veracidad.
El mismo recurso se ha manifestado ya de forma fulminante en la nueva crisis del mar Menor, un desastre ecológico que tiene responsables, que lleva décadas larvándose y que conoce estos días otro episodio con la muerte de millares de peces asfixiados por la ausencia de oxígeno en esta laguna salada. Se han recogido ya casi cinco toneladas de ejemplares muertos.
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El Gobierno de Murcia se ha apresurado a acusar al Ejecutivo de sectarismo y motivación política al no declarar la laguna como zona catastrófica, reclama que ponga en marcha el antiguo Proyecto Vertido Cero —que La Moncloa considera superado— y exige competencias que hoy son del Ejecutivo. El Gobierno de Pedro Sánchez ha acusado a su vez al de Murcia, en manos del PP desde 1995, de lo contrario: de hacer precisamente dejación de competencias. El Gobierno alude a la no tramitación de cientos de expedientes instruidos por la Guardia Civil o la Fiscalía y exige al Ejecutivo autonómico que haga cumplir la legalidad.
Pero lo cierto es que el Gobierno de Murcia cuenta con la mayor parte de las competencias en este asunto: las que afectan a la agricultura, a la prevención de la contaminación por nitrato, a la cuenca del mar Menor como zona vulnerable y a los cambios de uso del suelo. Y la realidad es que la explotación agraria intensiva se ha multiplicado en la zona con un resultado nefasto para este ecosistema tan frágil. Lejos de intentar cambiar el modelo agrario, el Ejecutivo murciano derogó la ley aprobada por los votos de la oposición en 2018 que obligaba a los agricultores a destinar parte del territorio a vegetación natural que absorbiera fertilizantes. La Confederación Hidrográfica del Segura, por su parte, dependiente del Gobierno, también arrastró durante años los pies.
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Del territorio que rodea y vierte sus aguas al mar Menor, más de 8.000 hectáreas tienen regadíos ilegales. Y el exceso de nutrientes en el riego es precisamente lo que alimenta un fitoplancton que causa la disminución de oxígeno y la muerte de los peces. En ese rifirrafe y cruces de acusaciones, la vicepresidenta Teresa Ribera viajó ayer a la zona para hablar con alcaldes, asociaciones y con el propio presidente de Murcia. Y es, sin duda, eso lo que todos deben hacer: sentarse a la mesa y buscar soluciones. En el marco de estos encuentros, el Gobierno murciano amplió la prohibición de fertilizantes inorgánicos en el litoral y Ribera se declaró dispuesta a la adquisición de fincas en la zona o la financiación de otros usos.
La obligación compartida pasa por un cambio del modelo agrario en el que los productores asuman una nueva forma de trabajar en la que no sean el problema, sino la solución. Asumir que la ecología y la economía deben hacerse compatibles es aún una tarea pendiente. Sin ese cambio de marco, el mar Menor no se podrá salvar.
