En el entramado de las operaciones gubernamentales, la relación entre los servicios privados y el sector público a menudo despierta interrogantes y controversias. Un claro ejemplo de ello se presenta en la administración de la Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, quien ha justificado sus frecuentes viajes en aviones privados alegando motivos familiares y asegurando que tales costos no han sido cubiertos con dinero público.
La firma Seguritech, conocida por prestar servicios al gobierno de Lezama en sistemas de seguridad, incluye en su conglomerado a PABE-TAX, una empresa de taxi aéreo con operaciones en el Aeropuerto de Toluca. Esta división ha estado bajo el escrutinio público, especialmente tras revelaciones que indican su vinculación con aeronaves Gulfstream G200, que han sido utilizadas por Lezama tanto en su época como alcaldesa de Cancún como en su actual cargo de gobernadora, período que abarca desde diciembre de 2018 hasta diciembre de 2025.
Las aeronaves de PABE-TAX, con matrículas XA-PKR y XA-GLF, han sido un punto focal de atención, evidenciado en investigaciones realizadas por POPLab y CONNECTAS. Documentos públicos han identificado a Federico del Palacio Ruiz Cabañas, René Bustos y Ernesto Valdés como representantes de Grupo Seguritech y PABE-TAX. Particularmente, René Bustos ha firmado contratos significativos, como uno de 744 millones de pesos con el gobierno de Guanajuato en marzo de 2024, lo que añade otra capa de complejidad a esta interrelación.
En medio de esta situación, los costos de algunos viajes de Lezama a destinos como Vail, donde el gasto puede alcanzar hasta 800 mil pesos, contrastan notablemente con su salario como gobernadora, que asciende a 102 mil pesos netos. La discrepancia ha llevado a que figuras públicas, como la Presidenta Claudia Sheinbaum, exijan explicaciones sobre el uso de aeronaves privadas, destacando la preocupación por la transparencia en el uso de recursos.
En una reciente declaración, Lezama enfatizó que los traslados no han sido costeados con fondos públicos y rechazó haber compartido vuelos privados con el Senador Eugenio “Gino” Segura. Sin embargo, la combinación de cargos públicos, viajes frecuentes y costos elevados sigue siendo motivo de debate y análisis en la esfera pública.
La pregunta sobre la ética en el uso de servicios privados para el transporte de funcionarios persiste en el discurso social. La situación refleja un dilema que va más allá de una única administración, planteando la necesidad de mayor claridad en la relación entre el sector público y privado, y una vigilancia constante en el uso de recursos en las instituciones gubernamentales.
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