La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, ha decidido renunciar a su cargo, en el que será sustituida el próximo día 20, según ha anunciado este jueves a los consejeros de la institución. De la Vega (Valencia, 1949) ha presidido también este jueves su última reunión al frente de la comisión permanente del Consejo, en el que ha formalizado su dimisión la consejera Victoria Camps, por razones personales. Fuentes del órgano asesor del Gobierno estiman que existe relación entre ambas renuncias y que De la Vega podría volver a ocupar un puesto como consejera permanente, cargo que tenía antes de acceder a la presidencia en 2018.
Las fuentes consultadas estiman que la renuncia de Camps y el anuncio de la dimisión de Fernández de la Vega se produce simultáneamente para facilitar este relevo interno ante el inicio del último año de la legislatura. Si De la Vega pasa ahora a ocupar nuevamente un puesto como consejera permanente, podrá permanecer en la institución de forma indefinida, ya que el cargo que queda vacante tiene carácter vitalicio.
En cambio, si la actual presidenta del Consejo hubiera permanecido en su cargo —cuyo sueldo anual asciende a 86.900,76 euros—, dejando pasar la oportunidad de recuperar un puesto como consejera permanente —cuya retribución se eleva a 119.778,17 euros—, el año que viene podría ser cesada al frente de la institución en el caso de que el PSOE perdiera las elecciones. En definitiva, la sustitución de Camps por De la Vega como consejera permanente le asegura a la presidenta saliente la permanencia en el Consejo de Estado, mientras que la continuidad en la presidencia no tiene la misma seguridad, ya que está a la espera de los resultados de las próximas elecciones generales.
De la Vega, en todo caso, no explicó qué pasos prevé dar tras cesar en la presidencia. En medios del propio Consejo se estima que el sigilo seguido en este caso obedece en buena medida a su coincidencia en el tiempo con la salida de Carlos Lesmes de la presidencia del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo. Y también a la necesidad de nombrar a un nuevo presidente o presidenta que no vea un inconveniente para aceptar el cargo en el hecho de que pueda ser de solo un año de duración. Transitoriamente, presidirá el Consejo Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, como consejero permanente más antiguo.
En dichas fuentes se da como muy probable que a De la Vega la suceda otra mujer jurista y se menciona especialmente el nombre de la también exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, de quien ya se habló para el cargo cuando salió del Gobierno, en julio del año pasado, en previsión de que la actual titular de la presidencia decidiera abandonarla antes de concluir su mandato. En el Consejo se afirma que el nombramiento de Calvo supondría un mensaje de respaldo a las tesis críticas que la exvicepresidenta ha mantenido con respecto a la ley trans en el sentido de que puede perjudicar a la legislación por la igualdad. El dictamen sobre esa norma provocó fuertes debates en el Consejo de Estado, y no faltaron las llamadas desde diversos sectores, pero en todo caso ya fue aprobado y remitido al Gobierno el pasado mes de julio.
En la reunión de la permanente fue Victoria Camps quien informó de que ya había enviado a la presidenta la carta de su renuncia, por lo que su cargo como consejera permanente queda vacante. De la Vega agradeció la labor realizada por Camps, catedrática de Ética de la Universidad de Barcelona. La consejera explicó que por su edad (81 años) le resulta complicado mantener su actual actividad, que le requiere continuos desplazamientos entre la capital catalana y Madrid. De la Vega anunció que propondrá que Camps pueda seguir como consejera electiva, lo que no requiere la misma presencia continuada en la sede del Consejo de Estado.
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La actual presidenta del Consejo de Estado —consejera desde 2010— fue la primera mujer en ocupar el cargo desde la fundación de la institución hace cinco siglos. Anteriormente, fue vicepresidenta del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero, que la nombró en 2004, además de ministra de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo. Según detalla la página web del Consejo, el rango la presidencia es de ministro del Gobierno y sus funciones principales, además de la representación institucional del Consejo, son presidir los órganos de la institución y la jefatura de todas las dependencias.
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