El Ministerio del Interior y el Gobierno vasco han acordado el próximo traslado a cárceles del País Vasco de otros 11 presos de ETA. Entre los beneficiados se encuentra la exjefa de la organización terrorista Iratxe Sorzabal, una de las tres personas que, el 20 de octubre de 2011, leyó el comunicado del cese definitivo de la violencia que desembocó, siete años después, en la disolución de la organización terrorista. Sorzabal, que fue detenida en Francia en 2015, fue entregada por las autoridades de París a la justicia española el pasado 9 de septiembre tras cumplir la condena que le habían impuesto los tribunales franceses. Llevaba, por tanto, poco más de un mes en una cárcel española.
Sorzabal, recluida desde entonces en la prisión madrileña de Estremera, fue condenada en febrero a más de 24 años de cárcel por la colocación de dos artefactos explosivos en Gijón en noviembre de 1996, pena que aún no es firme al haber sido recurrida por la etarra. De hecho, en la actualidad se encuentra en situación de prisión preventiva, aunque sin posibilidades de ser excarcelada a corto ni medio plazo, ya que la Audiencia Nacional acordó poco después de su entrega que permaneciera en esta situación hasta el límite de la mitad de la condena, 12 años, ante “la gravedad de los delitos por los que ha sido condenada y las penas impuestas”.
Cuando fue arrestada en Francia, hace siete años, la Fiscalía española anunció que pediría la reapertura de 21 causas contra ella por su supuesta implicación en los atentados del comando Ibarla, en el que presuntamente estuvo integrada. Entre ellos, el asesinato del ertzaina Ramón Doral, en 1996; y el del policía Eduardo López Moreno, en 1994. También se le implicaba en la colocación de cinco artefactos en diciembre de 1995 en El Corte Inglés de Valencia, cuyo estallido causó la muerte de una mujer, Josefina Corresa. Sin embargo, salvo el del atentado de Gijón por el que ha sido condenada, el resto de sumarios contra ella fueron archivados o sobreseídos provisionalmente, según confirman fuentes jurídicas.
Entre los otros 10 etarras que serán trasladados en breve se encuentran Asier Arzallus Goñi, alias Epeta, condenado, entre otros, por el asesinato del periodista de El Mundo José Luis López de Lacalle; el histórico Julián Achurra Egurola, Pototo; Mattin Sarasola, uno de los autores del atentado contra la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas; Gurutz Aguirresarobe, condenado por el asesinato a tiros, en febrero de 2003, del jefe de la policía local de Andoain (Gipuzkoa) Joseba Pagazaurtundua, y Harriet Iragi, con penas que suman 128 años de cárcel por los asesinatos del concejal del PP de Málaga José Martín Carpena, el fiscal Luis Portero y el coronel médico Antonio Muñoz Cariñanos. En el caso de este último, su anterior traslado ―de la cárcel castellonense de Albòcasser a la de Logroño donde está ahora― se vio salpicado por la polémica porque la junta de tratamiento (órgano integrado por profesionales penitenciarios) lo había desaconsejado por una amplia mayoría de cinco votos contra dos. Pese a ello, Instituciones Penitenciarias lo acordó al considerar que mostraba una positiva progresión tanto en su comportamiento dentro de la cárcel como en la asunción de los delitos cometidos
El resto de beneficiados por la medida son Beatriz Etxebarria ―condenada por colocar la furgoneta bomba que estalló frente a la casa cuartel de Burgos en la madrugada del 29 de julio de 2009 y que dejó 160 heridos de diversa consideración, entre ellos 41 niños―, Itziar Moreno ―entregada por Francia en agosto y acusada de colocar varios artefactos explosivos―, Iker Olabarrieta ―uno de los autores del atentado con bomba que dejó malherido al exdirigente del PSOE Eduardo Madina en 2002― y Andoni Otegi ―en prisión por varios atentados, entre ellos el perpetrado contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) en el que murió una niña de seis años―. Otegi es uno de los etarras que ha participado en los últimos meses en los talleres de la llamada justicia restaurativa puestos en marcha por Interior para facilitar su reinserción y que incluyen encuentros con sus víctimas.
Cuando se materialicen estos 11 movimientos, la cifra de presos de ETA recluidos en cárceles del País Vasco, que gestiona desde hace un año el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, se situará en torno a los 140. En las dependientes de Ministerio del Interior serán 37, de ellos 10 en la prisión de Pamplona. Fuentes del Gobierno vasco recalcan que su Departamento de Justicia no acepta el traslado de todos los presos de ETA que lo piden y detallan que en seis casos se ha rechazado por falta de arraigo en Euskadi del recluso.
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