La capacidad de Colombia para acoger nuevos migrantes venezolanos ha llegado a su límite, advirtió la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez durante una sesión virtual del consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), además de señalar que el país no se ha “beneficiado” del perfil de migrantes que han llegado a Norteamérica y Europa. Su mensaje contrastó con el tono que suele usar el Gobierno de Iván Duque en torno a la implementación del estatuto temporal de protección que ha echado a andar para regularizar a 1,7 millones de venezolanos que ya se encuentran en Colombia, una política que le ha valido frecuentes elogios internacionales.
“Es algo desproporcionado, son casi el 30% del total de migrantes venezolanos que han salido hasta hoy. ¿Sabemos si no van a salir más?, ¿sabemos si no están saliendo todos los días nuevos migrantes?, ¿cómo poder entonces asimilarlos?, ¿quién va a hacerlo? Colombia no tiene la capacidad de seguir asimilando nuevos migrantes ni refugiados provenientes de Venezuela y por eso tenemos que trabajar todos”, dijo Ramírez ante la OEA, al apelar al principio de “corresponsabilidad”. También se lamentó de que, a diferencia de Estados Unidos, Canadá o España, a Colombia le han “tocado los sectores menos pudientes, menos calificados”.
La vicepresidenta ha pedido a los demás países de la OEA “alzar la voz” frente a los “atropellos” del Gobierno de Nicolás Maduro. Bogotá no mantiene relaciones con Caracas, y Duque ha sido el principal promotor de un “cerco diplomático” contra la “dictadura” chavista, en lo que sus críticos consideran una ideologización excesiva de la política exterior. “Mientras Latinoamérica siga enfrentando la crisis generada por el éxodo de nuestros hermanos venezolanos, tendremos que asumir que el compromiso y la obligación moral de todos es asumir al menos una parte de esta población venezolana”, sostuvo Ramírez.
Más de seis millones de venezolanos han huido de su país empujados por una profunda crisis política, social y económica en los últimos años. De ellos, aproximadamente un tercio se ha asentado en busca de oportunidades en la vecina Colombia, con la que Venezuela comparte una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros, en la que abundan los cruces informales conocidos como trochas. La pandemia ha dejado aún más en evidencia las precarias condiciones de los migrantes venezolanos dispersos por América Latina. En Colombia, muchos forman parte de las franjas vulnerables de la sociedad que han sentido con más fuerza la crisis económica provocada por el coronavirus, al punto de que, según algunos estudios, nueve de cada diez alimentan las filas de la informalidad.
El Gobierno de Colombia lanzó hace un año el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), con una vigencia de 10 años, con el que se propone regularizarlos a todos, cerca de un millón de ellos indocumentados. Su implementación ratifica la política de acogida y flexibilidad migratoria que el país ha mantenido en medio de enormes esfuerzos fiscales, y se convierte en una puerta de entrada a la oferta de servicios del Estado. También puso a Colombia a la vanguardia de las políticas migratorias en América Latina, y de paso le otorgó a Duque una considerable reputación internacional.
Aunque Colombia ha pedido con insistencia un mayor compromiso internacional, el tono de la vicepresidenta causó extrañeza. En el afán por argumentar la necesidad de desembolso de recursos, Ramírez cometió errores, señala Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en Bogotá. El primero, decir que el Estado ya no puede recibir más migrantes. “Ante un fenómeno de movilidad humana como el proveniente de Venezuela solo hay dos alternativas. Por un lado, asumir la postura que han tomado gobiernos como el de Donald Trump, de levantar un muro, pero la realidad es que la frontera entre Colombia y Venezuela no permite eso. Así que la única alternativa que ha tenido el Estado colombiano es comportarse solidariamente”, apunta.
“Muchas veces el Gobierno colombiano se muestra como si esa solidaridad fuera una especie de acto bondadoso, pero la realidad es que es un acto de pragmatismo. Por ejemplo, si los niños, niñas y adolescentes venezolanos no son insertados en el sistema educativo eso representaría una bomba social para Colombia en el mediano y el largo plazo”, argumenta. El estatuto, valora este experto, viene dando muy buenos resultados.
Las declaraciones de la vicepresidenta y canciller riñen con los principios que ha esbozado el Estado colombiano en la atención a esta crisis migratoria, y que se manifiestan con el estatuto, señala por su parte Andrés Segura, consultor en temas de asuntos públicos y migración. “La idea de que a Colombia le ‘tocó’ la parte más más pobre y menos preparada de los migrantes es una simplificación poco rigurosa.
En efecto, estos migrantes llegan en una condición de profunda vulnerabilidad, pero traen una serie de capacidades que los convierte en una oportunidad para las comunidades que los acojan, por ejemplo, un porcentaje importante de ellos llegan con formación técnica”, explica. “Permitir que crezca un discurso aporófobo frente a la migración, sobre todo en época electoral, puede ser peligroso para el proceso de integración que está viviendo en el país, y que puede ser un motor para el desarrollo de Colombia en el mediano plazo”.
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