Acompañada por la cúpula nacional del Partido Acción Nacional (PAN), la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, se presentó el 27 de mayo de 2026 en las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México. Esta comparecencia tuvo lugar, inusualmente, en la capital y no en Ciudad Juárez, donde inicialmente había recibido la citación del Ministerio Público Federal.
María Eugenia Campos afirmó en un discurso ante sus seguidores que asistía para “dar la cara”, reafirmando su dignidad y su compromiso a favor de las familias. Destacó que su administración había llevado a cabo un operativo en la Sierra Tarahumara para desmantelar un narcolaboratorio en colaboración con agentes estadounidenses, acción que ha despertado controversia legal al argumentarse que esta colaboración infringió la Constitución y es objeto de investigación.
La mandataria chihuahuense criticó abiertamente el citatorio, describiéndolo como una “simulación” para convertirla en testigo en un intento evidente de “fabricar un caso” en su contra. Su abogado, Roberto Gil Zuarth, aclaró que la decisión de acudir a la FGR en la Ciudad de México se debió a que ese era el domicilio indicado en la notificación que recibió, lo que justificó su presencia como parte de una respuesta formal al Ministerio Público.
El citatorio ha suscitado una oleada de apoyo dentro del PAN, con el presidente del partido, Jorge Romero Herrera, destacando que Campos no se presentó para ser investigada, sino para denunciar el supuesto uso político e indebido de las instituciones federales contra ella.
La defensa de Campos y su equipo legal han cuestionado la falta de claridad en el requerimiento del Ministerio Público, mencionando que ni siquiera se insinúan los motivos detrás de la investigación. Esto llevó a zurcir una crítica mordaz incluso en el tono, sugiriendo que la FGR podría indagar sobre trivialidades en lugar de asuntos pertinentes.
La situación plantea serias interrogantes sobre la integridad de las instituciones y el uso del poder en el contexto político actual. La gobernadora Campos no sólo enfrenta el desafío de su propia defensa legal, sino también un marco que, para muchos, evoca la percepción de un entorno hostil hacia la oposición. A medida que la historia se desarrolla, queda por verse cómo este episodio impactará a las partes involucradas y al panorama político en general.
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