La gobernadora del estado de Chihuahua, Maru Campos, ha denunciado lo que califica como una intensa persecución por parte del oficialismo, en el marco del polémico caso de agentes de la CIA que participaron en un operativo antidrogas en su jurisdicción. Este suceso ha cobrado relevancia tras la trágica muerte de dos agentes de inteligencia estadounidense en un accidente de tránsito ocurrido el 19 de abril pasado en Chihuahua.
La política, representante del Partido Acción Nacional (PAN), se presentó en la sede de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para declarar sobre este incidente. Campos ha señalado que, en su calidad de opositora, enfrenta un acoso implacable por parte del gobierno, mientras que ciertos miembros del oficialismo son acusados de tener vínculos con el crimen organizado y parecen disfrutar de una “impunidad absoluta”.
En el centro de la controversia está la denuncia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien remarcó que la lucha antidrogas es competencia exclusiva del gobierno federal. Sheinbaum ha indicado que los agentes de la CIA no notificaron su presencia de acuerdo a los protocolos establecidos para la colaboración binacional en temas de seguridad.
Las tensiones aumentan en el ámbito político, especialmente a raíz de la reciente solicitud de captura con fines de extradición formulada por la justicia estadounidense. Esta medida involucra a diez políticos del oficialismo, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, acusado de lazos con el Cártel de Sinaloa.
Con el telón de fondo de estas acusaciones graves, la situación se torna cada vez más compleja. Maru Campos ha expresado su indignación ante lo que considera un uso abusivo del aparato estatal en su contra, destacando la narrativa de vulnerabilidad y resistencia que rodea su figura. A medida que estos eventos se desarrollan, el futuro político de Chihuahua y sus líderes podría verse irrevocablemente alterado.
En un clima donde la lucha contra el narcotráfico y la política se entrelazan de manera peligrosa, las acciones y las reacciones de las partes involucradas están bajo la lupa del escrutinio público. Este contexto ofrece un campo fértil para el análisis y la reflexión sobre la dinámica del poder en México y la fragilidad de las instituciones frente a acusaciones tan serias.
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