El actual enfoque del gobierno sobre la “mejora” regulatoria ha suscitado preocupaciones sobre sus deficiencias y posibles intenciones autoritarias. Recientemente, se presentó al Congreso una iniciativa conocida como “Ley nacional para eliminar trámites burocráticos”, que promete aligerar la carga de trámites para los ciudadanos a través de la digitalización y otras medidas.
Si bien la idea de simplificar los procedimientos es ciertamente positiva, es esencial verificar que estas “acciones” no se queden en meras promesas, como ha sucedido con otros programas, como el acceso gratuito a internet en espacios públicos que, en muchos casos, no ha funcionado efectivamente.
Sin embargo, esta iniciativa no solo propone medidas de digitalización, sino que también plantea la eliminación de importantes normas que garantizan la transparencia y los derechos ciudadanos. Por ejemplo, se prevé que el gobierno quede exento de la obligación de realizar un Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) al proponer nuevas leyes, reglamentos o normas que implican costos para la sociedad. Además, se eliminaría el período de consulta para la población y se disolvería el Observatorio Nacional de Reforma Regulatoria, un foro crítico de análisis para empresas y la sociedad civil.
La normatividad vigente busca asegurar que las regulaciones emitidas por el gobierno sean útiles, evitando riesgos y dañando a la sociedad. El procedimiento actual permite que se garantice que los beneficios sociales superen los costos de cumplimiento. Al eliminar estas disposiciones, los ciudadanos quedarían desprotegidos ante regulaciones que podrían ser innecesarias o gravosas, a pesar de que los trámites parezcan “fáciles” gracias a la digitalización y ventanillas únicas.
Un ejemplo ilustrativo de una regulación que puede parecer efectiva, pero es problemática, es la licencia de manejo de fácil obtención, que no incluye un examen adecuado para evaluar las habilidades de conducción, lo que podría aumentar los riesgos en las vías.
El esquema actual, que incluye la ley de mejora regulatoria y la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), aunque perfectible, se orienta correctamente hacia la eliminación de regulaciones innecesarias y arbitrarias, una tendencia común entre los gobiernos. Sin embargo, el actual presidente ha manifestado desdén por estas disposiciones, al punto de destituir la autonomía de la CONAMER, designando a un comisionado que actúa en función de sus intereses. Esto ha permitido que iniciativas importantes, como la ley eléctrica, estén exentas de estos análisis y controles.
La iniciativa que se presenta ahora institucionaliza esta falta de contrapesos, brindando al gobierno un espacio amplio para implementar regulaciones sin considerar las opiniones de quienes podrían verse afectados.
Adicionalmente, se contempla la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, trasladando sus funciones a una agencia de digitalización, lo que concentraría en la presidencia decisiones que antes contaban con un análisis más colegiado e independiente. Aunque su aprobación ha sido pospuesta, las señales apuntan a que esta concentración de poder se mantendrá, lo que podría llevar a un debilitamiento de las estructuras de oposición necesarias para una gobernanza equilibrada.
La información proporcionada corresponde a la fecha de publicación original (2025-04-29 01:37:00).
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