Los hechos delictivos y las masacres han cimbrado Tamaulipas desde hace décadas; acontecimientos como las fosas de San Fernando y más recientemente las exploraciones en La Bartolina, Matamoros han puesto bajo cuestionamientos en más de una ocasión la cifra de desaparecidos y las condiciones de seguridad que imperan en la entidad.
SAN FERNANDO, 2010
El 22 de agosto de hace 11 años se presentó una de las primeras masacres en esta localidad, misma que trascendió a escala internacional y llegó hasta la oficina del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la matanza donde se presumió como responsables a los integrantes de un cartel mexicano fueron ejecutados 72 migrantes centroamericanos -58 hombres y 14 mujeres- cuyos cuerpos fueron abandonados en el ejido El Huizachal de San Fernando.
Lo anterior conmovió al mundo y dejó al descubierto el riesgo que corren las personas indocumentadas en el estado, según recuerda en sus archivos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En su recomendación 80/2013 solicitaba al Procurador General de la República que se instruyera a practicar todas las diligencias que sean legal y materialmente necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos.
Señalando que en aquella terrible masacre se veían vulnerados los derechos de legalidad, seguridad jurídica, acceso a la procuración de justicia, acceso digno a la verdad, trato digno y honor, así como a la privacidad y protección de datos de identidad.
SAN FERNANDO, 2011
Apenas ocho meses después, en abril de 2011, nuevamente en este municipio tamaulipeco se descubrieron 43 restos en una fosa clandestina, “en total se encontraron 193 restos de personas en 47 fosas clandestinas. Los cuerpos presentan señales de ejecución arbitraria y también de tortura. La mayoría de las víctimas eran personas migrantes”, destacan en sus archivos los integrantes de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
A su petición de justicia y al “Informe alternativo dentro del proceso de revisión periódica del Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares respecto de México” también se sumaron el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos El Salvador (Cofamide) y el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh).
GÜÉMEZ, 2015
Cuatro años después, los colectivos de búsqueda de desaparecidos realizaron el hallazgo de tres fosas con 16 cuerpos en Güémez, donde destaca la FJEDD que en todas ellas había migrantes.
Sin embargo y pese al avance en materia de seguridad que reportan autoridades estatales y federales, aún se presentan esta clase de hechos en la actualidad, los más recientes en municipios en la franja fronteriza.
CAMARGO, 2021
En enero del presente, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Tamaulipas fueron alertados por un reporte ciudadano de que, en el poblado de Santa Anita, en el municipio de Camargo se encontraba un vehículo incendiado. Al trasladarse al lugar se encontraron con 19 cuerpos calcinados, la mayoría de las personas provenientes de Guatemala.
Otra vez los ojos de México y de otros países se volvieron hacia esta región de la entidad y la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, ordenó iniciar la investigación de oficio, “en virtud de tratarse de presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de personas en contexto de migración”.
LA BARTOLINA, 2021
Desde el 2017 y hasta junio de 2021 se han encontrado más de media tonelada de restos óseos en uno de los ejidos de Matamoros, Tamaulipas, cerca de playa Bagdad.
A finales del mes pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tomó nota de las demandas de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas para ingresar a este territorio “con el objetivo de iniciar la búsqueda de sus familiares, unas 200 personas desaparecidas en un predio localizado en la zona del mar”.
En su comunicado, expuso también el señalamiento hacia las autoridades sobre “la falta de la debida diligencia y respuesta (…) desde hace cinco años”.
Aunque las primeras pesquisas que reflejaban anormalidades en la tierra de La Bartolina se tuvieron en 2016, aun en agosto de este año se continúan efectuando nuevos descubrimientos de posibles osamentas humanas. Sumándose así a la lista de masacres que ocurrieron en Tamaulipas, una entidad donde familiares de los desaparecidos buscan con la esperanza de encontrar respuesta a la interrogante de qué pasó con sus seres queridos.
