El día en que Juan Luis de Soto perdió su tarjetero no se dio cuenta. Quizá se lo robaron. “Lo busqué durante un par de semanas, como no lo encontré lo denuncié en comisaría, saqué uno nuevo y me olvidé”, dice. Hasta aquí es una incidencia común que ha ocurrido igual a miles de españoles. Pero para De Soto fue el principio de un pozo de llamadas insistentes de entidades de crédito, cartas con amenazas y peleas por salir de listas de morosos. El caso sigue pendiente de juicio y aún hoy, más de dos años después, De Soto mira a menudo en internet si alguien más usa su nombre: “Me suplantaron la identidad y se gastaron 100.000 euros con mi nombre y ahora aún sufro las consecuencias”, dice.
“Me enteré de que algo raro pasaba cuando me llegó una carta de una empresa de préstamos que me decía que no lo había devuelto”, explica De Soto, de 46 años y de Leganés (Madrid). “Pensé que era un error o publicidad engañosa y lo dejé. Pero en seguida recibí una carta del BBVA con información de otro crédito. Les llamé y me dijeron: ‘Es el coche que has comprado’. ¡¿Un coche?! Fui al concesionario y allí me dijeron que sí, que yo había comprado un coche”, añade.
Entonces lo entendió: “No soy yo, es mi DNI”. Las fechorías del suplantador duraron menos de 2 meses, desde que logró el documento hasta que la policía le detuvo cuando iba a recoger un tercer coche. En esas semanas logró usar el nombre de Juan Luis de Soto para pedir tres créditos para tres coches, abrir una cuenta bancaria y pedir 8 créditos de entre 300 y varios miles de euros. Todo fue en concesionarios y entidades distintas. El coche más caro fue de 38.000 euros y, según los datos de De Soto y el sumario, el presunto delincuente compró una bicicleta de 2.000 euros y se gastó 1.700 euros en un Carrefour de Getafe y 944 en El Corte Inglés de Méndez Álvaro (Madrid), 304 en la sección de perfumería.
En total, con los intereses, son casi 100.000 euros. Cuando el presunto delincuente fue detenido por la policía en el concesionario les dijo su nombre real y que era “amigo de Juan Luis”. Cuando De Soto repite esta escena aún exclama enfadado: “¡Amigo!”. De ahí entró en prisión provisional y salió al cabo de unos meses. El día previsto del juicio no se presentó y se le dio por fugado. “En octubre le pillaron”, dice De Soto. “Pero la Audiencia Provincial llegó a un acuerdo para condenarle a año y medio de prisión, con lo que no entraría ni en la cárcel. Nosotros hemos protestado y hemos pedido juicio y una indemnización por daños morales”, añade. El nuevo juicio debería ser a principios de 2022. Está por ver si se presentará.
¿De dónde sacó el DNI?
En conversaciones con entidades y policía, De Soto oía una y otra vez como estos casos ocurren a menudo. Su caso es excepcional por el volumen. “Cuando hay coches de por medio la policía se mueve rápido”, dice. El objetivo, parece ser, consiste en comprar algo fácilmente vendible para convertirlo en metálico.
No lo habíamos visto. Pero es posible que el delincuente lo adquiriera en algún lugar así y que incluso lo escogiera. Se parecía un poco a De Soto. “El parecido físico siempre ayuda. Se disfrazó un poco de mí con gafas”, dice De Soto, que sigue sin entender cómo a pesar de estas pequeñas ventajas físicas, el presunto delincuente pudo lograr tanto con tan poco: “¿Tres coches, dos líneas telefónicas, ocho créditos rápidos, una cuenta corriente falsa, y que no haya saltado ninguna alarma? Aquí falla el sistema, no que un tío haya ido a hacerte la puñeta. Ha fallado por todos lados: controles financieros, legales”, añade.
Como dice De Soto su caso fue “analógico”. Ahora, en la era pospandemia, la Policía Nacional está más preocupada por las suplantaciones digitales a granel. “Los delincuentes ahora buscan lo más sencillo para ellos”, explica el inspector jefe Diego Alejandro, jefe de la sección de comercio electrónico de la Policía Nacional. “Con ingeniería social contactan con las víctimas y les van sacando información: el número de teléfono, el DNI, dónde viven, su banco, en casos más extremos consiguen las contraseñas de banca electrónica o la firma electrónica. Y lo hacen por email (phishing), con llamadas (vishing) o también por sms (smishing)”, añade.
Alejandro ha visto delitos de todo tipo. Un modo habitual de lograr documentos consiste en poner un anuncio de alquiler normal o vacacional o la venta de coches o móviles. Con una buena oferta atraen a víctimas propicias. “Para finalizar la compraventa piden datos como una foto del DNI por delante y detrás, cuenta bancaria, incluso declaración de la renta y con esta documentación logran abrir cuentas a nombre de esa persona”, dice. No solo eso, a veces ha habido casos donde un delincuente ha presentado en la Agencia Tributaria una declaración de renta de una víctima que salía a devolver modificando algunos campos.
La usurpación de identidades se hace a menudo en cadena. Cuando una víctima se da cuenta de que le han timado, pone una denuncia acusando al propietario de la cuenta donde ha ido a parar su dinero. Pero es probable que ese nombre también sea robado, con lo que está acusando a otra víctima. “Eso le puede acarrear otros problemas judiciales. Va a tener tantas denuncias como estafas haya consumado el delincuente. Es una doble victimización”, dice Alejandro. “Si no hacemos una buena investigación y no sabemos las ip de conexión desde donde se han conectado, no logramos salir de ese bucle”, añade. Los delincuentes usan las identidades para retroalimentar sus delitos. Es como una muñeca rusa donde todo son identidades suplantadas y dinero que circula entre cuentas falsas.
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